“Tan importante como la condena es que los bienes adquiridos producto de la corrupción vuelvan a la comunidad”

Chubut 03 de enero de 2020 Por Readcción
Lo dijo en una entrevista el procurador general, Jorge Miquelarena. “Fueron las causas más difíciles en 11 años que llevo en la Procuración”, agregó.

El procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, hizo un balance desde la aparición del “sobre bomba” en la Legislatura, el desprendimiento de una decena de investigaciones por corrupción en el Estado, algunas de ellas ya con sentencias en primera instancia. 

La sorpresa por algunos nombres vinculados con el poder político, la falta de recursos para investigar hechos a la vez muy complejos, la calidad del recurso humano con el que cuenta, todo en un reportaje aparecido en la revista 14 del Ministerio Público Fiscal del Chubut que conduce desde el año 2008.

- En 11 años al frente de la Procuración, ¿es la causa más difícil?

- Sí, sin duda. Por varios aspectos. Siempre investigar delitos contra la Administración Pública tiene un plus de dificultad. Por ejemplo, y esto lo decimos a diario: cuando usted está investigando un homicidio se encuentra con un muerto, muerto en forma violenta y a partir de ahí trata de reconstruir hasta el momento en que encontró el cadáver qué fue lo que pasó en los momentos previos para tratar de determinar las causas de la muerte y eventualmente el autor del homicidio. Cuando se investiga un delito contra la Administración Pública tiene muchas particularidades que lo hacen de por sí bastante más difícil de investigar. Cuando se está encubriendo algún acto de corrupción hay que rascar muy profundamente para tratar de determinar dónde está el vicio, el error o dónde está el dolo. Eso por un lado. Y, por el otro, en estos casos la prueba con la cual habitualmente se hace el investigador suele estar en poder del propio investigado, con lo cual eso genera un plus de dificultad. Y la tercera dificultad, que no es menor, es que a partir de todo esto y quizás también a partir de la presunción de legitimidad que tienen los actos administrativos, los tribunales suelen requerir un estándar probatorio bastante más elevado que para otro tipo de delito. Por ejemplo, nosotros podemos condenar a un homicida por un pelo encontrado en la escena del hecho que demuestre con el ADN que es del autor, por decir una cosa, o una huella digital. Yo le diría que es casi imposible condenar a alguien por fraude o delito contra la Administración Pública con una sola prueba. Por eso en esta causa fue tan importante la cantidad impresionante de evidencia, luego transformada en pruebas, que logró juntar el Ministerio Público Fiscal.

- ¿La cantidad de personas involucradas también suma dificultades?

- No solo la cantidad. También, el tipo de personas investigadas y los nombres de las personas investigadas. ¿Por qué digo esto? Porque todos hemos tenido algún tipo de relación a lo largo de nuestras vidas con algunas de las personas investigadas y ahora condenadas. En mi caso, un conocimiento importante de muchos de los investigados, no de todos, algunos no los conocía pero a otros sí, compartir espacios laborales con muchos de ellos durante 4 años por lo menos. Y en el caso de los fiscales muchas veces por cuestiones generacionales coincidir con la escuela de los hijos con la de los imputados, concurrir a los mismos clubes deportivos, participar de reuniones sociales en donde también había parte de los imputados, en fin, gente con la cual uno a diario se puede cruzar o puede interactuar en la vida social.

 - ¿Y cómo se equilibra eso?

- Tratando de tener absolutamente en claro cuál es el rol y la función de cada uno, despojándose de cualquier tipo de subjetividad y, si acaso en determinado momento no se puede despojar, lo que corresponde es dar un paso al costado y excusarse para que quien investigue sea otro.

- ¿Pensó alguna vez en dar algún paso al costado?

- No. Pensé que esto hubiera sido bueno que lo descubriera otro y no yo. Pero nunca creí que eso iba a tener algún tipo de efecto respecto de mi objetividad a la hora de tomar algunas decisiones. Es un tema que charlamos con los fiscales. Antes de conformar el equipo yo tuve un charla con todos ellos y dejamos muy en claro hacia dónde íbamos y cuál era nuestro compromiso, que no era ni más ni menos que descubrir la verdad de lo que pasó, haciendo abstracción de cualquier tipo de conocimiento personal que pudiéramos tener con los imputados y siempre teniendo muy en claro que si alguno se veía afectado por este tipo de conocimiento lo que tenía que hacer era dar un paso al costado.

- Esto empezó por un montoncito de papeles, ¿pensó alguna vez que iba a tomar tanta dimensión?

- No, para nada.

 - Fue el famoso “sobre bomba”…

- Tal cual. Fue un sobre dejado en la Legislatura de la Provincia el día 28 de agosto del 2017. Me acuerdo la fecha porque es la fecha de aniversario de mi casamiento, no porque tenga la memoria para acordarme eso. El sobre fue dejado en la Legislatura, se llamó a la Policía Científica pensando que podía llegar a haber algún artefacto explosivo, la Policía Científica fue, lo revisó, se dio cuenta que lo había adentro eran papeles y se lo llevó a la Fiscalía. Cuando me entero de esta acción, hablo con el fiscal jefe que en ese entonces era el doctor Sergio Ferrín y le sugerí que lo que había que hacer era devolvérselo al destinatario, porque ese sobre que tenía documentación, tenía un destino que eran los tres diputados del Frente para la Victoria a quienes estaba destinado. En consecuencia lo que había que hacer era entregárselo a sus destinatarios porque era documentación destinada a ellos, privada. Así que se llamó a los diputados, se les entregó el sobre con la documentación y fueron ellos quienes, al ver que se trataba de fotocopias de productos adquiridos para la Emergencia Climática, hicieron la denuncia. Cuando nosotros observamos la denuncia con fotocopia de estos expedientes que serían 6 o 7, ante la posibilidad de que efectivamente se hubieran aprovechado circunstancias tan dramáticas como la emergencia para lucrar en beneficio propio, es que públicamente señalé que no solamente íbamos a investigar estos 6 o 7 expedientes en cuestión, si no que íbamos a investigar toda la operatoria relacionada con la Emergencia Climática.

- ¿Hizo una elección de acuerdo al perfil del fiscal, no fue al azar?

- Sí, se hace una elección de acuerdo también al perfil del fiscal. Del mismo modo cuando se ven delitos contra la integridad sexual se hace una elección porque no todos tienen la suficiente empatía como para llevar adelante un caso así. Lo mismo sucede con los delitos contra la Administración Pública: hay que tener un perfil especial para poder afrontarlo porque no fue fácil la tarea para nadie.

- ¿Le sorprendieron algunos de los nombres de los involucrados?

 - Sí. Algunos, sí.

- ¿Por qué?

- Porque uno pensaba que no estaban en estas actitudes reñidas con la Ley.

 - ¿Lo presionaron? 

-No en forma directa, sí con mensajes subliminales que no tuvieron ningún efecto.

- ¿No le pasaba nada?

 - Molesta. No es que no me pasaba nada. 

-¿Y a los fiscales?

-Tuvimos el episodio de Alex Williams precisamente cuando estábamos efectuando quizás uno de los allanamientos más importantes en Playa Unión. Fue cuando se descubrió la casa que se utilizaba de depósito de una cantidad importantísima de documentación donde encontramos chequeras firmadas en blanco, todos los expedientes originales de la Emergencia Climática. Y en ese momento que estábamos en pleno allanamiento, recibimos una llamada telefónica que le estaban allanando la casa a Alex Williams en Puerto Madryn por un episodio que después resultó que había sido un error, pero pudo haber sido bien tomado como un mensaje. Y por otro lado cuando a una pobre mujer en Trelew bajaron de un auto dos individuos no identificados y la amenazaron con quemarle la casa pensando que ahí vivía el fiscal Williams. Era una vivienda que efectivamente había sido ocupada por él algunos años atrás. Ese fue un claro mensaje. Hubo que tomar algunos recaudos.

- ¿Se trasladan estas situaciones al ámbito familiar, al ámbito cotidiano, a la vida cotidiana casos tan grandes, tan complejos?

- Sí, sin dudas. Porque genera algún tipo de preocupación familiar. De hecho los meses en los que tuvimos custodia, las custodias fueron en los domicilios, a las familias y no a nosotros en particular. Es muy ingrato ver que con tanta vocación y dedicación está el personal policial custodiándolo a uno.

- ¿Tomó conciencia que a medida que avanzaba esto, más allá del compromiso de resolverlo, se empezó a generar un compromiso con la gente?

- Permanentemente. Y eso también nos generaba una responsabilidad adicional. Yo tengo una estadística del año 2016 a nivel confianza en las instituciones, a nivel país, una estadística hecha por el INDEC donde marca el nivel de confianza en las instituciones que hay en el país y habla también de las Fiscalías y de los Juzgados. El Ministerio Público Fiscal de la Provincia en el 2016 estaba bastante por encima de la media nacional, tanto de las Fiscalías como de la Justicia en general. Y lo mismo sucedía en la Provincia. En el Ministerio Público Fiscal estábamos casi 12 puntos por encima de la Judicatura. Creo que a partir del resultado de estas causas, ese nivel de confianza en la ciudadanía ha mejorado.

- ¿Lo que le robaron a la gente o al Estado que es lo mismo, va a volver a la gente o al Estado?

- Eso es fundamental. Eso es tan importante como la condena, ni más ni menos porque forma parte de la condena. Nosotros desde un principio dijimos que íbamos por el decomiso de todos los bienes que habían sido adquiridos como producto de los actos de corrupción. En eso estamos y la idea es que obviamente vuelvan a la comunidad, a lo público del modo en que tengan que volver y por eso salió una Acordada con el Superior Tribunal de Justicia quien va a administrar estos bienes decomisados.

- Hubo un contador del equipo de profesionales de la Procuaración que resultó clave…

- Cuando comienza la investigación, es un contador del Equipo Multidisciplinario, el contador José Luis Velázquez, quien advierte que el domicilio que da el señor (Diego) Correa es coincidente con el domicilio de una de las empresas. Entonces me lo hace saber, le pido que me lo informe porque ahí podíamos estar hablando de negociaciones incompatibles con la función pública. El contador me lo informa y ese informe es el que yo le envío al doctor Omar Rodríguez como fiscal jefe de Trelew para que abra una investigación aparte de la Emergencia Climática, ante esta eventualidad, y que designe a quien la iba a llevar adelante. El doctor Rodríguez se hace cargo él personalmente de esa investigación y a poco de andar es cuando me cuenta que lo que él advierte es bastante mayor que lo que en principio habíamos visto. Y es ahí donde se conforma un equipo que primero es transitorio y luego es permanente. Es el origen de esta Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública.

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