Zapatero a tus zapatos

La provincia del Chubut vive momentos álgidos, eso no hay quien lo discuta. Y hoy particularmente, la tensión llegó a un punto que motivó una aparición del gobernador Arcioni y sus principales ministros en una conferencia de prensa que dejó algunas certezas y varios interrogantes.

Es que la protesta de algunos gremios encontró como avivar la llama a partir de una circular oficial que anunciaba la implementación de guardias mínimas en la administración provincial. Esto fue rápidamente interpretado como una apuesta del gobierno para debilitar la marcha, y naturalmente, se empezaron a sumar testimonios y expresiones de condena, principalmente de varios agentes que se vieron sorprendidos e imposibilitados de acceder a sus lugares de trabajo.

Así las cosas, con la tensión creciente y ante la amenaza de que la protesta se desmadrara y terminara en un escenario más complejo aun, el gobierno recogió el guante y anunció, palabras más o menos, el fin del pago escalonado para noviembre, y compromisos precisos de pago para los montos adeudados de los salarios de la administración. Hasta allí la certeza, de un anuncio que busca poner paños fríos en la caliente actualidad provincial. Los interrogantes pasan hoy por saber si las alternativas pensadas para soportar los compromisos anunciados son lo suficientemente sólidas, desde el punto de vista económico y financiero, no solo para cumplir con lo pendiente, sino para terminar de armar un cuadro macroeconómico viable y posible.

En el medio de este panorama, llamaron poderosamente la atención los dichos de los jueces penales de Comodoro Rivadavia, Miguel Caviglia y Alejandro Soñis, que cuestionaron duramente al gobierno provincial, en declaraciones que reprodujeron varios medios. Caviglia no ahorró críticas al gobernador Mariano Arcioni, de quien dijo “sentirse decepcionado”, y le pidió públicamente “que dé un paso al costado porque en estos meses demostró no ser idóneo”. Y reclamó que la provincia “destina plata a gastos superfluos en vez de a sueldos, como los tests de drogas”, según indicó el portal milpatagonias.com

Soñis, por su parte comentó que “vemos muy preocupados y con mucho enojo los ataques al sistema de justicia, es un desprestigio continuo. El otro día veíamos con bastante desazón que querían hacer creen el problema económico de la Justicia tenía que ver con el nivel de sueldos que había por parte de algunos poderes. Yo creo que ya nadie cree esta situación, es difícil creer que tenga que ver con el nivel de sueldos, además de que no lo ganamos, directamente no lo percibimos”, en declaraciones a El Comodorense, que reprodujo Jornada Web.  Y en esa línea agregó: “A mí me preocuparía más el nivel de corrupción que pueda haber en algún lugar determinado de la provincia que el nivel de sueldos que están devengados y no percibidos”.

No es la primera vez que los magistrados alzan la voz contra Arcioni. En mayo de este año habían calificado de “insultante y una falta de respeto que (Arcioni) salga a preguntar por nuestros salarios y horarios de trabajo”, y demandaron una disculpa pública. 

Claro está que desde ese momento hasta hoy la situación y la relación del gobernador con algunos sectores de la Justicia no solo no ha mejorado, sino que ha transcurrido por andariveles cada vez más tensos, solo disimulados en parte por la atención que la pandemia del Covid concita.

Así las cosas, el posicionamiento público de hoy de los jueces ha cosechado más reproches que felicitaciones. Es que resulta imposible abstraerlos de su condición de magistrados, de quienes la sociedad espera tengan un comportamiento en línea con su investidura y condición. Se podría esperar ese tipo de declaraciones en boca de dirigentes enfrentados al gobierno del lado de la política o el sindicalismo, pero expresadas por autoridades de otro Poder resultan cuanto menos inquietantes.

Es que según consigna Jornada, Caviglia fue más allá, y mencionó con una liviandad rayana en la irresponsabilidad que “en poco tiempo se solucionará la cuestión”, dejando flotar un manto de duda con tono de advertencia. 

Que Chubut vive tal vez sus días más duros es una idea que casi todos comparten. Pero aún así, desde los diferentes espacios de representación institucional se han dado muestras de compromiso con la institucionalidad. El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón, dejaba clara la línea al sostener hace algunos días que el gobierno nacional iba a acompañar a Chubut, aunque hubiera responsabilidades en la situación actual que necesariamente debían marcarse y, consecuentemente, hacerse cargo.  Del mismo modo los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna e Ignacio Torres, aún sin escatimar señalamientos, promovieron en el Congreso Nacional una iniciativa de asistencia y salvataje a la provincia. Algo similar ocurre en la Legislatura provincial, donde la mayoría de los diputados, más allá de los esperables matices, viene dando gestos de sostener la gobernabilidad, en constantes y frustrados intentos por promover el funcionamiento del paralizado Poder Legislativo. El propio Ángel Sierra, histórico referente del gremio legislativo, ha hecho denodados esfuerzos en los últimos días por aclarar que la idea del juicio político no estaba en agenda, y que el reclamo sectorial está vinculado a la demanda salarial. 

Vale decir, el arco político provincial parece comprender la fragilidad de la situación, e intenta tener gestos a la altura de lo esperable en términos políticos e institucionales. Si hay una crisis con seguridad habrá que discutir responsabilidades, y también medidas y acciones de cara al futuro. Pero siempre “sin sacar los pies del plato”.

Hoy existe un convencimiento general de que la Democracia no es solo la representación popular en el gobierno y sus instituciones; del mismo modo que la República no es solo la división de poderes. A decir verdad, la maduración de la sociedad los ha transformado en dos conceptos enfocados fuertemente también en el aspecto metodológico. Nadie duda en la actualidad que son el diálogo y la búsqueda de consensos las formas que hoy hacen posible la construcción política y la gobernabilidad. Trasladando esos conceptos a nuestra realidad vernácula, lo sintetizó el ex-intendente comodorense Carlos Linares, quien en declaraciones realizadas hoy en la emisora LU20 remarcó que la salida a la crisis era a través de una amplia mesa de concertación.

Las declaraciones de los magistrados van en el sentido contrario, y exceden el infortunio. No se puede defender la división de poderes y hablar de avasallamiento hacia el poder Judicial, por caso, a la vez que se levanta la voz para promover destituciones en el Ejecutivo, o se señala con el dedo el accionar político del poder Legislativo. Cuando vienen de este tipo de protagonistas, los pronunciamientos públicos de ese tenor son además una indudable intromisión de poderes, que no son saludables para la vida institucional de la provincia. 

No se trata de discutir la naturaleza del reclamo. No pasa por saber si está bien o mal el nivel de remuneraciones, aunque el grueso de la población tenga cada vez más señalamientos respecto de lo que considera desmedido con relación a las falencias que presenta el servicio de justicia. Eso es materia de otro análisis, y seguramente habrá argumentos razonables para ayudar a entender ambas miradas. Y tampoco hay dudas y está fuera de toda discusión que el atraso salarial no está bien, sea del rango que sea. 

El punto central es que la provincia necesita hoy de temple y carácter para encontrar su camino de salida de la crisis.  Y para ello precisa instituciones que cumplan el rol para el que están llamadas; responsabilidad de acuerdo a cada investidura, para contribuir a la paz social y al futuro de la provincia; y, finalmente, criterio para entender el rol que le cabe y lo que la sociedad chubutense espera de cada uno.

Zapatero a tus zapatos, reza el refrán. 

(*) Especial para Sur Actual