Contundente rechazo judicial y ciudadano a una ordenanza antiminera en la localidad catamarqueña de Andalgalá

Región 26 de diciembre de 2020 Por Redacción
Se trata de la normativa municipal 29/2016 que planteó restricciones mayores aún que las establecidas por la ex Ley 5.001 en Chubut. La Corte de Justicia la declaró inconstitucional, mientras que cerca de la mitad de la población local firmó y certificó un petitorio a favor del desarrollo, con controles ambientales.
Fallo Andalgalá

La ordenanza que estableció en 2016 la prohibición de la minería metalífera en Andalgalá, Catamarca, recibió esta semana dos contundentes reveses: la Corte de Justicia de la Provincia la declaró inconstitucional y, además, más de 6.000 vecinos y vecinas de la localidad firmaron un petitorio a favor del desarrollo minero en la región, con los controles ambientales pertinentes.

Se trata de la ordenanza número 29, sancionada el 8 de septiembre de 2016, y que fue titulada “Prohibición de la megaminería metalífera extractiva a cielo abierto y de las actividades de exploración y/o explotación de uranio y torio, en cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del Río Andalgalá”. 

La normativa, con restricciones aún mayores que las existentes en Chubut con la ex Ley 5.001, tuvo ahora un fuerte doble rechazo, no solo por el fallo judicial, sino por la posición ciudadana expresada por cerca de la mitad de la población de la localidad de Andalgalá, contabilizada en 12.600 habitantes según el último censo, realizado en 2010, y estimada en unos 14.000 habitantes en la actualidad. 

El fallo de la Corte de Justicia de Catamarca, que determinó la inconstitucionalidad de la norma, respondió a una acción interpuesta, en el mismo año de la sanción de la ordenanza, en 2016, por Minera Agua Rica contra la Municipalidad de Andalgalá.

Para declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza, los jueces catamarqueños invocaron la vigencia del Código de Minería de la Nación, así como del artículo 55 de la Constitución de Catamarca que, al igual que lo hace el artículo 102 de la Constitución del Chubut, fomenta una serie de actividades productivas, entre ellas la minera, armonizándola con los derechos de las personas y la comunidad.

“Las Municipalidades pueden dictar normas que preserven la ecología y el ambiente en protección de la salud pública, facultad que la Constitución Provincial otorga en el artículo 252 incisos 9 y 10. Pero esta facultad no alcanza para actuar como lo hizo el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Andalgalá pues la actividad minera se encuentra regida en el Código de Minería de la Nación y por lo tanto toda normativa que se dicte debe respetar el principio de supremacía de las leyes”, planteó la Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo con fecha 22 de diciembre.

En la misma semana fueron certificadas por escribanía un total de 6.173 firmas de ciudadanos de Andalgalá que pidieron por el desarrollo de la región “con responsabilidad y los controles pertinentes”, publicó el sitio Fuerza Minera.

Se anticipó que las firmas serán presentadas ante la Municipalidad, el Concejo Deliberante, además de a los legisladores y gobernantes provinciales de Catamarca.

En el documento, los vecinos de la localidad catamarqueña plantearon una serie de puntos que consideraron relevantes en relación con el desarrollo minero, como la generación de proveedores locales, el cuidado del agua, un monitoreo ambiental con sede en Andalgalá y obras de infraestructura para posibilitar la interconexión en la región.

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