Bensimón: “En el juego democrático no vale llevarse puesta la institucionalidad de la provincia”

Chubut 08 de febrero de 2021 Por Redacción
Lo dijo el abogado Mario Bensimón, vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut. “Es una cuestión que debiera revisarse, y rápidamente volver atrás con la medida cautelar”, reclamó con relación a la medida de suspensión del tratamiento legislativo del proyecto de zonificación, ordenado por la jueza de Esquel Alicia Arbilla. 
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Crédito: Diario Jornada

Mario Bensimón, vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, cuestionó la postura de la jueza civil, laboral y comercial de Esquel, Alicia Arbilla, quien el jueves pasado ordenó la suspensión del tratamiento del proyecto de zonificación minera, hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo vinculada a una presentación de los vecinos del colectivo “No a la Mina”.

El dirigente, quien es abogado de profesión, opinó: “Nosotros entendemos que hay una intromisión ilegítima de un poder sobre otro, que vulnera el principio de división de poderes. Si bien es cierto que en nuestro país el Poder Judicial tiene el poder de control de constitucionalidad sobre los actos del Poder Legislativo, esto debe ser tomado con seriedad y con carácter excepcional. Es decir, el Poder Judicial, una vez sancionada una ley, y ante un reclamo que guarde determinadas características y le solicite al juez esa declaración de constitucionalidad, el juez en ese caso podría opinar sobre la constitucionalidad de una ley. Lo extraño de este caso, y lo peligroso como antecedente para la provincia, es que lo que se está haciendo es impedir a otro poder que trate un tema, vulnerando el principio de división de poderes. Y un antecedente peligroso; basta con pensar que sería de nuestra provincia si ante cada ley que a un juez no le guste, éste último podría suspender una sesión legislativa”.

En entrevista con la emisora LU20, el letrado agregó que “el antecedente que deja es peligroso también teniendo en cuenta un déficit democrático: estamos hablando de un juez que le está diciendo a los representantes del pueblo que no traten un tema. Es una cuestión que se debiera revisar, y rápidamente volverse atrás con la medida cautelar”.

Profundizando sobre el tema, Bensimón añadió que “sobre la cuestión de control posterior, una vez que la ley es sancionada y promulgada, no hay dudas que es una facultad que tiene el Poder Judicial, y en todo caso se cuestionará la interpretación de la Constitución que hace determinado juez, y la intención de hacer prevalecer su interpretación sobre la misma”. Y sentenció: “En este caso, lo complejo es el procedimiento utilizado: pretender tener el poder para que otro poder del Estado no debata un tema. Esto es una cuestión que parece a todas luces absurda”.

“Lo que corresponde es que la Legislatura decida lo que le parezca. Si tiene que definir en favor de determinado proyecto de ley, o votar en contra, es una facultad que le compete a los representantes del pueblo, que han sido elegidos justamente para legislar”, indicó el dirigente de CAPEM. 

En un sentido general, Bensimón señaló: “Hay que dejar sentada la idea de que el fin no justifica los medios. Esto se compara con la cuestión de las amenazas a los legisladores de la semana pasada; una cosa es estar a favor o en contra de determinada legislación, pero no podemos tratar de llevarnos puesto todo con tal de hacer prevalecer nuestra visión. Hay determinadas cosas que no valen en el juego democrático: amenazar legisladores, usar la violencia, destruir edificios públicos, y tampoco llevarse puesta la institucionalidad de la provincia, como en este caso”. 

“Lo más grave es lo que el fallo no menciona”

En contacto con otros portales informativos, el vicepresidente de CAPEM también fundamentó su opinión, señalando que “del análisis de la decisión judicial lo más grave no es lo que dice, sino justamente lo que el fallo no menciona. Y es que una decisión de tamaña gravedad institucional debiera haber sido respaldada por fundamentos robustos que le hicieran llegar a la jueza al remedio seleccionado para corregir la situación”.

“Pero la jueza toma esta decisión que marca un punto de inflexión en la institucionalidad provincial sin intentar esgrimir siquiera un argumento para justificar su decisión, ni tampoco explica cuál es el estado de cosas que sería urgente evitar para seleccionar una medida cautelar ni el bien jurídico resguardado con la medida. Sólo dos párrafos le llevaron a la jueza tomar la decisión más grave desde el punto institucional que recuerde esta provincia”, cerró.

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