De la licencia social a una licencia social ampliada: la crisis de la democracia

Región 09 de marzo de 2021 Por Marisa Arienza
Columna de opinión de la presidenta de Green Cross Argentina.
Marisa Arienza Green Cross (1)

En el año 1997 la minera Placer Dome, a través de Cooney, expresó en una conferencia en un Organismo Internacional que era necesario incorporar, junto con las licencias legales propias de cada lugar, una “Licencia Social para operar” en los proyectos mineros.

Este concepto y la conclusión a la cual había llegado Cooney, era el fruto de la vasta experiencia en el sector minero y del análisis del costo que significa para cualquier proyecto no tener a las comunidades cercanas, compartiendo los objetivos y participando en diferentes formas del emprendimiento, como así también percibiendo beneficios en línea con los objetivos de las comunidades para su desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

La licencia social no es otra cosa que un “pacto de confianza” entre las comunidades de la zona de impacto del emprendimiento con la compañía acerca del balance positivo que el emprendimiento tendrá para las mismas. Este “ Pacto de Confianza” o Licencia Social , no es un certificado que se da al inicio y luego la Compañía puede desentenderse, es un Pacto que estará de manera permanente en el escrutinio de las comunidades para exigir su cumplimiento y ser revalidado de manera permanente. En la Licencia Social se juegan el honor, la buena fe y la transparencia en el actuar tanto de la empresa como de las comunidades.

Antes de comenzar el proyecto la empresa explicará todas las veces que sea requerido por las comunidades que estén en la zona del alcance de su proyecto todos los detalles en que el mismo pueda afectar, en cualquier aspecto sus vidas o su entorno ambiental. Esto permite que las comunidades puedan evaluar el proyecto, brindar la licencia social o no y, en caso positivo insertarse en un sistema de seguimiento y monitoreo participativo del proyecto para verificar si el “pacto” efectivamente se cumple o no. Las comunidades siempre tienen la herramienta de retirar la licencia social o de exigir el cumplimiento de las condiciones que llevaron a otorgarla, en caso que estas no se cumplieran, por otra parte, es un instrumento de legitimidad “honorable”, esto significa que no da lugar a potestades extorsivas a ninguna de las partes. Asimismo habrá una buena fe recíproca cuando se cumplen las condiciones que llevaron a que las comunidades brindaran la “licencia Social”.

La Licencia Social tiene como objetivo empoderar a las comunidades de la zona de influencia directa de un emprendimiento y crear condiciones subjetivas y objetivas (medibles) para que el proyecto tenga un efectivo impacto positivo en el desarrollo de las mismas. Para la medición del impacto existen herramientas que deben instrumentarse desde el inicio del proyecto con las comunidades y que permiten medir con objetividad los mismos. También se deben hacer mediciones subjetivas de percepción de las comunidades de los beneficios que sienten que el proyecto les va produciendo y de la utilidad de esa alianza, pacto o Licencia social dada. No entraremos aquí en las metodologías posibles como las de Lassonde y otros posteriores, ya que no son objeto de este breve escrito.

Todo emprendimiento de gran envergadura tiene impacto en la economía de un país (Argentina por ejemplo, de una región el Mercosur o la Cuenca del Plata según el emplazamiento), el comercio internacional del bien que se produce, la existencia de proveedores nacionales e internacionales de insumos que pueda utilizar el proyecto. Hay numerosísimos actores que podrán estar impactados por la existencia del proyecto. Pero la Licencia Social sólo está concebida, y es bueno que así sea, para las comunidades de impacto directo y cercano al proyecto. Son éstas las c más débiles, verdaderamente cercanas y directamente interesadas; no son autoridades de Provincias o de Estados Nacionales que tienen sus mecanismos propios y fuertes para tratar con empresas, no tienen poderes de los Estados Nacionales y Provinciales legislativos, ejecutivos y judiciales que serán los defensores de la población ante cualquier problema. Los pueblos inmediatamente cercanos a los emprendimientos mineros requieren reforzar su capacidad de hacerse escuchar pues están lejos de todos los centros de poder, en tierras habitualmente lejanas a los centros urbanos grandes, con carreteras difíciles y climas hostiles buena parte del año. La Licencia Social es la herramienta central para ejercer la equidad y la transparencia de manera local frente a un proyecto dado.

Ahora bien, en esta posmodernidad caracterizada por la balcanización de los Estados débiles o la transformación de democracias en autoritarismos, se pretende ejercer la Licencia Social Extendida. Así como se vacía de sentido al concepto de democracia y de República en muchos países de distintos continentes, se vacía de sentido el concepto de Licencia Social. Una vez más se les “roba” a los más necesitados de empoderarse y decidir su destino esa capacidad y aparecen actores sociales con poder, alejados totalmente de los emprendimientos, del lugar de implantación, de arraigo con las necesidades, la cultura y el deseo de los pueblos y se pretenden adueñar de lo único que tienen y que los empodera: La Licencia Social.

El concepto de Licencia Social es claro, no da lugar a tergiversaciones, los únicos dueños son los pueblos específicamente las comunidades LOCALES ALEDAÑAS y directamente impactadas por el emprendimiento del cual se tratare. Tratar de robar la licencia social a estas poblaciones les impide decidir de forma autónoma su forma de vida y su futuro, ya sea aceptando o rechazando cualquier proyecto. La Licencia Social Ampliada es un ropaje de los autoritarios para destruir a los más débiles.

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