Renta Hídrica y zonificación minera: la CAPEM marcó claras contradicciones en el concepto de licencia social

Chubut 30 de marzo de 2021 Por Redacción
La entidad que nuclea a los empresarios y proveedores mineros del Chubut lo hizo a través de un comunicado en el que observó la diferencia en el término utilizado por el mismo bloque de diputados para ambos proyectos.
Manifestación Meseta 912 (4)

La Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut emitió un comunicado en el que marcó las evidentes contradicciones entre lo planteado por el bloque del PJ en su proyecto de ley de Renta Hídrica y lo que el mismo conjunto de legisladores marca para el proyecto de ley de zonificación minera elaborado por el Gobierno Provincial y modificado en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura que le dio dictamen para su tratamiento por el pleno de los diputados. 

“Licencia Social en el debate minero y en el Proyecto de Renta hídrica. De Contradicciones y Desventuras”, es el título del documento de la CAPEM, entidad que nuclea a casi un centenar de asociados y que ha planteado la necesidad de modificar la matriz productiva de la provincia ante el fracaso del modelo incentivado por los Gobiernos provinciales de los últimos años que condujo a la actual crisis. 

“Lamentablemente, en nuestra provincia nos hemos acostumbrado a vivir en la anormalidad. Ya nos perece natural y obvio que los mismos dirigentes transmitan una opinión determinada cuando se encuentran en el Gobierno, y transmitan otra, diametralmente opuesta, cuando se encuentran en la oposición”, indicó el documento.

“Hace ya un tiempo que por estas tierras, apenas producida una derrota electoral los oficialismos devenidos en oposición comienzan a virar sus discursos, optando en general por las posiciones más irresponsables y destructivas. Este escenario viene naturalizándose en los últimos años y ha sido, sin lugar a dudas, una de las causas de la crisis estructural que vive nuestra provincia a partir de una matriz productiva agotada”, agregó.

En este contexto comentó los diferentes criterios que el mismo bloque ha utilizado para definir el concepto de licencia social en el proyecto de Renta Hídrica y a la hora de discutir la zonificación minera en la Meseta. 

“Algunos de sus integrantes han entendido, en el marco del debate minero, que la licencia social se obtenía sólo a través de un proceso de consulta que involucre a la sociedad chubutense en su conjunto; pero en cambio por estos días presentaron un proyecto de ley sobre Renta Hídrica que asimila, en cambio, el concepto de ‘licencia social’ con el proceso de consulta previsto por el Código Ambiental Provincial”, advirtió CAPEM.

“Es decir que -agregó- según nos enseña el ‘Bloque PJ Frente de Todos’, para la obtención de la licencia social de la actividad minera sería preciso convocar a todos los ciudadanos de la provincia para que en el marco de un proceso de consulta (que tendrá por respuesta un SI o un NO) defina por un lado el destino de la actividad, y por el otro la posibilidad de desarrollo de región de la provincia”. 

“En cambio, el mismo ‘Bloque PJ Frente de Todos’ entiende ahora que la licencia social de la renta hídrica se obtiene con la realización de las audiencias previstas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé la Ley XI N°35”, observó.

Enfatizó que “mientras para la actividad minera el Bloque requiere la opinión de todos los ciudadanos de la provincia, para la renta hídrica requiere la opinión de sólo algunas personas que acudan a la audiencia convocada, en el marco de un proceso que carece de derecho a veto y que también resulta necesaria para el proceso de aprobación del Estudio Ambiental de un proyecto minero”. 

“Claro que en este último caso, según el criterio de estos sommeliers de ‘licencias sociales’, su realización no implicará la obtención de la licencia mencionada”, añadió.

En este sentido la entidad marcó: “Volvemos entonces a destacar la importancia de garantizar condiciones legales justas y equitativas como requisito central a la hora de atraer inversiones. La remanida ‘seguridad jurídica’, que no es ni más ni menos que la aplicación de la ley de manera igualitaria”.

Además, tras indicar que se desconoce en general el concepto de licencia social, aclaró que el mismo “remite necesariamente al acompañamiento de las poblaciones de impacto directo a un proyecto determinado”. 

“Y esa vinculación entre los responsables del proyecto y las comunidades se desarrolla a través de un proceso de diálogo. Un diálogo donde la empresa (o quien lo desarrolle) presenta su proyecto y la comunidad no limita su participación a la opción de hierro entre sí o no frente a la propuesta. La comunidad podrá plantear observaciones, matices y correcciones, luego de lo cual la empresa puede atender y revisar su propuesta”, dijo. 

Así, consideró, “el concepto de ‘licencia social’ ha sido lamentablemente la excusa más a mano. Licencia Social entonces será ‘lo que yo quiero que sea’ (en boca del dirigente de turno), algo más vinculado a un capricho que a un pacto”. 

Y finalizó: “El estado actual de la provincia requiere al menos el primer acuerdo que nos ponga a todos en la misma vereda. El acuerdo básico de que todos empujamos para el mismo lado. Para el lado del desarrollo y de la inclusión de todos nuestros coprovincianos, que permitirá a Chubut salir de esta página, probablemente la más compleja de su historia”.

 

 

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