Corrupción en el Estado chubutense: el ministro Martín Bortagaray y el exministro Alejandro Pagani, nuevos imputados

Chubut 07 de septiembre de 2018 Por
El juez Sergio Piñeda resolvió otorgar la libertad a Bortagaray y arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta el 24 de noviembre para Alejandro Pagani.
revelación Bortagaray Pagani

Una nueva audiencia de control detención y apertura de investigación preparatoria en la causa denominada “Revelación” tuvo como resultado dos nuevos imputados, ambos funcionarios de la Provincia del Chubut acusados de pertenecer a una asociación ilícita en perjuicio de la Administración Pública.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, integrantes de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, le imputaron a Pagani el rol de organizador de la asociación ilícita que se conformó para pedir recompensas a los empresarios de la construcción a cargo de la obra pública provincial, para que cobraran los certificados de obra ya ejecutados, y a Martín Bortagaray, como miembro de la misma.

El doctor Villada asistió al ingeniero Pagani y el doctor Jorge Rubiolo lo hizo por Martin Bortagaray. Además estuvieron como querellantes la Fiscalía de Estado, representada por Christian Martínez y Javier Estampone; los diputados Blas Mesa Evans y Eduardo Conde; y la Oficina Anticorrupción, representada por Mario Romeo. En todos los casos adhirieron a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Al momento de declarar, el ministro de Familia reclamó insistentemente que se lo investigue. También pidió que verifiquen cada una de sus propiedades para ver realmente lo que tiene. Asimismo mencionó en su declaración “no es mucho más de lo que tenía cuando empecé en la administración pública".

Por su parte Pagani testificó que siempre ha trabajado de manera honesta. También pidió que investiguen su patrimonio durante toda su trayectoria en la política. Y exclamó: “Jamás he formado parte de una banda o asociación ilícita”.

Los hechos

En diciembre del año 2015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por el ministro coordinador de Gabinete, Víctor Hugo Cisterna; el secretario privado del gobernador Das Neves, Gonzalo Carpintero Patterson, el secretario de la Unidad Gobernador Diego Miguel Correa; el ministro de Economía y Crédito Público, Pablo Alejandro Oca; y el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Alejandro Héctor Pagai; actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces Gobernador de la Provincia; de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del Estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una asociación ilícita destinada -comisión de múltiples delitos mediante- a recaudar dinero proveniente –principalmente- de “retornos” aportados por empresas constructoras contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra conformados.

Con ese fin gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de aquel colectivo patibulario, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquellos que se situaban en la cima de la organización ofensora, fue en definitiva por todos conocido y cohonestado; la que dentro de la administración pública provincial fue conocida como la “Circular”.

Esta “orden” cuya propalación fue objeto de especial ahínco determinaba que ninguna contratación de cualesquier índole podía hacerse desde la administración pública -centralizada y descentralizada- sin la venia previa de Correa o Carpintero. El documento en cuestión, titulado: “MEMORANDUM CIRCULAR” fechado de modo mecánico el día 28 de enero de 2016, en su encabezado de modo expreso preanunciaba quienes debían tomar razón de sus términos y obviamente acatarlos. En el sentido expuesto se lee: “Para información de Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Presidentes de Entes y Jefe de Policía”, delimitándose de ese modo un amplísimo universo de destinatarios de la manda.

A su turno y al tiempo de identificar a los generadores de esta suerte de “bando real” la disposición informa: “PRODUCIDO POR: Secretaría Privada del Gobernador”. El texto de “la norma” decía: “Por expresa disposición del Señor Gobernador Mario DAS NEVES, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel CORREA. SECRETARIO PRIVADO GOBERNADOR”. Finalmente al pie figuraba estampado el gesto gráfico de CORREA y la identificación ordinal de la resolución MEMO N°: 07/2016/GR.

Esta circunstancia brindó la ocasión al quinteto de organizar y dirigir el trámite final del pago a las empresas, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la sobre la decisión que les permita, previa percepción del soborno, librar las Ordenes Presupuestarias de Pago. Del mismo modo, Cisterna, Carpintero, Correa, Oca y Pagani decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan, las que luego cumplirían con celo.

En ese sentido acordaron que sería el primero, Cisterna, quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda los retornos, y finalmente en modo en que debían saldarse estas acreencias anómalas), cumplida esta labor inicial, comenzaba la gestión de Pagani, quien instruía a sus dependientes para que les confeccionen, mediante la utilización del SIAFYC, planillas donde debían figurar los certificados de obra ya emitidos, y confeccionada la respectiva Orden de Pago Presupuestaria (OPP).

Las planillas de mención eran remitidas en ese estado -sin firmas/borrador- a Diego Correa por los más diversos medios; en ocasiones le eran llevadas en mano por Pagani, remitidas a través de empleados o por mensajes de mail.

Correa, previo a verificar si los empresarios mencionados en las planillas habían pagado dádivas o al menos se habían avenido a hacerlo, indicaba cuáles empresas debían quedar, ser excluidas y/o agregadas en las listas “definitivas”.

Este resultado final era reenviado a Pagani, quien luego de firmarlas junto a su subsecretario de Coordinación, se quedaba con una copia mientras una segunda era remitida a la privada de Oca, siendo este último quien sin más trámite o luego de verificar con Cisterna o Correa (según la época), que efectivamente las demandas espurias habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería que efectivicen los pagos debidos.

En tanto Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban no solo a los incusados, sino que a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal, la gestión incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos.

Nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes, antes bien funcionaban con una coordinación y sincronización de roles tal que era menester el conocimiento cabal de los movimientos de sus consortes, era tal la cohesión que las decisiones trascendentales de esta organización quedaban solo a merced del arbitrio del colectivo delictual. El plan en principio perfecto sufrió variaciones, cuando aparentemente por diferencias de neto corte patrimonial (aunque no se descartan las políticas) Cisterna se alejó de su rol ministerial.

Esta ausencia se suplió fácilmente en los hechos, ya que sin solución de continuidad el rol sobre el que fungía el renunciante, fue rápidamente asumido por Correa, rediseñándose al menos parcialmente la operatoria inicial. La deserción forzada de uno de los “socios fundadores” lejos de generar una disminución en el grupo recaudador, generó que este se incrementara, pues a fines del año 2016 se sumó otra “fuente” útil para saciar las incontrolables apetencias monetarias.

Así y tras la designación de Juan Martín Bortagaray como Presidente del IPVyDU, este instruyó a su personal a fin que le confeccionen con cierta periodicidad “planillas” de contenido similar a las gestadas por los dependientes de Pagani; mandando además que se las remitan, primero solo a él, y luego también a Correa, determinando entre ambos cuales serían las empresas con acreencias que percibirían sus créditos y cuáles no, utilizando idéntico fundamento que el antes pergeñado, quien oblaba el tributo anómalo creado por el clan, cobraba; los remisos no. Coetáneamente a su incorporación, Bortagaray, al igual que por entonces Carpintero, Correa, Oca, Pagani y Lüters, entre muchos otros, se sumó como beneficiario directo del reparto de sobresueldos que administraban los secretarios del Gobernador.