¿En qué consiste la solicitud de seis países ante la CPI de investigar a Venezuela?

Argentina y el Mundo 30 de septiembre de 2018 Por
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá exhortaron a la Corte Penal Internacional a que investigue al gobierno de Nicolás Maduro, un hecho inédito pues es la primera vez que Estados miembro del tribunal piden indagar a otro Estado miembro. ¿Qué procede?
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Seis países americanos pidieron este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra un proceso contra funcionarios de alto nivel de Venezuela por abusos a los derechos humanos, en la primera ocasión que Estados miembro refieren ante el tribunal a otro Estado miembro.

Pese a que en la región son poco frecuentes las críticas públicas de otros líderes, este paso de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú  y Canadá representa un rechazo extraordinario al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno.

Los países latinoamericanos han quedado cada vez más alarmados por las crisis política y económica en Venezuela. La escasez de alimentos y de medicinas también ha forzado a millones de personas a emigrar, la mayoría a países vecinos.

La denuncia ante la CPI le añade urgencia a las investigaciones de posibles abusos en Venezuela.

“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”, dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en un comunicado.


A continuación, algunos hechos sobre qué implica referir el caso a la corte y qué significaría para Venezuela.

¿Por qué acudieron los países ante la CPI?

En buena medida porque se han visto superados por el éxodo sin tregua de los venezolanos, que se ha disparado ante la creciente inflación. Naciones Unidas estima que 1,6 millones de venezolanos han dejado el país desde 2015 y que hasta 1,8 millones emigrarán este año.

En los últimos años, algunos de los países vecinos han tenido una política de puertas abiertas y de acogida para estas personas, pero eso conllevó fuertes problemas políticos con comunidades migrantes a donde llegan los venezolanos; muchos de ellos no tienen ahorros y llegan con fuertes problemas de salud.

“La magnitud del éxodo de venezolanos no tiene precedentes en nuestra región”, dijo el presidente peruano, Martín Vizcarra, a la Asamblea General de la ONU durante su discurso, el martes, al indicar que a su país han llegado unos 450.000 venezolanos. “Requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional”.

¿Qué tan inusual es que hayan acudido a la CPI?

Muy inusual. La corte nunca ha abierto un caso referido por un gobierno en contra de otro; durante décadas los gobiernos latinoamericanos se han adherido a un principio de no intervención en los asuntos domésticos de las naciones vecinas. Sin embargo, varios países ahora consideran que el desastre económico de Venezuela se ha convertido en una amenaza regional. La oleada de migrantes ha resultado también en el alza de tasas delictivas, y ha golpeado los sistemas de salud y educación de otros países.

“Este es un evento significativo e histórico”, dijo Fernando Cutz, antes funcionario de alto rango de la Casa Blanca que trabajó en temas de política latinoamericana durante los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump. “Hace diez años habría sido imposible pensar en que la región le diera la espalda a uno de los suyos”.

¿En qué se centra el proceso?

Los países le pidieron, en una carta firmada por los seis jefes de Estado al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU, a la procuradora jefa de la CPI, Fatou Bensouda, que investigue los abusos a los derechos humanos posiblemente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde febrero de 2014, cuando hubo represión de protestas masivas.

La carta hace notar que los expertos en derechos humanos ya han documentado diversos abusos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y delitos sexuales.

Pero ¿la CPI no investigaba ya a Venezuela?

Sí. Bensouda anunció en febrero pasado que el tribunal había abierto un examen preliminar ante denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, un primer paso para que haya una investigación formal y para que se puedan presentar cargos penales.

La corte dice que estudia acusaciones de que las fuerzas de seguridad de Venezuela han usado exceso de fuerza contra manifestantes, que han detenido arbitrariamente a opositores políticos y que han cometido “serios abusos” contra prisioneros.

El tribunal fue establecido en 2002 como una corte de última instancia para crímenes de guerra y de lesa humanidad, particularmente genocidio. Desde su creación, solamente ha estudiado casos en África y únicamente ha conseguido un puñado de condenas.


No queda claro. En general, las investigaciones de la CPI duran años y los expertos indican que es poco probable que se presenten pronto.

“Los plazos de la CPI se miden en años, no en meses”, dijo Todd Buchwald, exfuncionario sénior del Departamento de Estado estadounidense que supervisó temas de derecho penal internacional de 2015 a 2017.

Sin embargo, el sentido de urgencia que confieren los países en la carta podría resultar en que el caso sea priorizado por la corte.


“Sí le transmite un mensaje a la procuradora que estos Estados están ansiosos de darles acceso a quienes han huido” y que podrían tener información relevante, dijo Joanna Harrington, profesora de Derecho de la Universidad de Alberta especializada en derecho penal internacional.

En el corto plazo, ¿qué se logra con esta acción?
Varios vecinos de Venezuela han buscado aislar al gobierno de Maduro conforme sus tendencias autoritarias han crecido en los años recientes; también han buscado cómo aprovechar o ahondar posibles divisiones entre el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La amenaza de un proceso ante La Haya “probablemente estimule al círculo interno a unificarse” dijo Cutz, pero también podría llevar a otros a darle la espalda a Maduro, añadió el exfuncionario de la Casa Blanca.

¿Qué dice Estados Unidos al respecto?
Washington ha intentado convencer a los líderes latinoamericanos de que adopten una mano más dura frente a Venezuela. Pero es poco probable que el gobierno de Donald Trump respalde esta solicitud a la CPI.

Durante su discurso ante la Asamblea General este año, Trump describió la crisis venezolana como una “tragedia humana”, pero también criticó a la Corte Penal Internacional: “En lo que concierne a Estados Unidos”, dijo, la corte “no tiene legitimidad ni autoridad”.

Hace poco el tribunal en La Haya anunció un examen preliminar de violaciones a los derechos humanos en Afganistán que podrían incluir actos cometidos por soldados u oficiales de inteligencia estadounidenses.

A pregunta expresa, el Departamento de Estado no dijo si respalda las acciones ante la CPI, pero indicó: “Promovemos investigaciones rigurosas y transparentes para cualquier reporte fiable de abusos. La crisis en Venezuela solamente será resuelta cuando se restauren una gobernanza democrática, políticas económicas realistas, el Estado de derecho y el respeto por los derechos fundamentales y libertades”.