Con proyectos del peronismo kirchnerista, el Poder Legislativo de Mendoza comienza a debatir el desarrollo de la minería

Economía 05 de octubre de 2018 Por
Se trata de iniciativas de Juan Antonio Agulles (FpV-PJ) y de Alejandro Abraham, del partido fundado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana. La provincia cuyana cuenta actualmente con una ley que es restrictiva de la actividad y a la cual se busca modificar.
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A partir de iniciativas de Juan Antonio Agulles (FpV-PJ) y Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana), el Poder Legislativo de Mendoza comenzó a debatir la modificación de la Ley 7.722, que en esa provincia restringe la actividad minera.

Esta restricción es similar a la 5.001 de Chubut, aunque en este último caso prevé el trabajo de una comisión para establecer una zonificación, cuestión que aguarda actualmente la decisión política para el tratamiento de un proyecto que ya tiene estado parlamentario.

Según un artículo periodístico publicado esta semana por Mdz, sitio web mendocino, “el reimpulso del debate sobre el desarrollo de la minería en Mendoza es un hecho”.

El sitio consignó que, luego de una reunión secreta entre senadores peronistas, referentes gremiales y el subsecretario de Energía del gobernador Alfredo Cornejo, Emilio Guiñazú, hubo ayer jueves otro encuentro con empresarios que manifestaron su apoyo y dejaron en claro que, ahora más que nunca, es ‘necesario’ ampliar una matriz productiva que, remarcaron, ‘está agotada’. El tratamiento en comisiones legislativas arrancaría el martes próximo.

De esta manera, la publicación agregó que luego de que se reflotaran los dos proyectos legislativos del peronismo orientados a reformar y/o suspender la Ley ‘antiminera’ 7.722 y de que, en voz baja y sutil, el propio Gobierno de Cornejo se mostrara interesado en ello, volvió a abrirse la discusión por el empuje de proyectos de exploración y explotación metalífera en Mendoza.

En efecto, un día después de la reunión entre Agulles y Abraham, los autores de las iniciativas legislativas, las cabezas de algunos gremios metalúrgicos y de la construcción y, como representante del Ejecutivo provincial, el subsecretario Emilio Guiñazú; ayer jueves hubo una nueva mesa de diálogo en el edificio anexo del Senado provincial, de la que participaron responsables de Aderpe (Asociación de Empresarios Rodríguez Peña) y de la UIM (Unión Industrial Mendoza). 

“Si algo quedó en claro tras el encuentro es que los privados presentes dieron su apoyo efectivo para avanzar, sino en una reforma, en la suspensión de la Ley 7.722, mediante la cual está paralizada la minería en Mendoza al prohibir el uso de sustancias químicas en el proceso de explotación metalífera y cuya constitucionalidad fue oportunamente ratificada por la Corte local”, consignó la publicación.

Agregó que “los distintos empresarios observaron que la matriz productiva local ‘está agotada’, y tildaron de ‘necesario’ reactivar muchos proyectos mineros en cartera”.

“Tenemos el recurso y hay interesados. Hay proyectos que se pueden empezar mañana mismo. Falta la decisión política de decir ‘modifiquemos la Ley y listo’”, dijo Abraham, al que el sitio web identificó políticamente como camporista.

Los proyectos legislativos de Agulles y Abraham consisten, en el primer caso, en la creación de “parques industriales mineros controlados”; y el más ambicioso busca reformar la 7.722 y entonces habilitar el desarrollo de la minería en Mendoza.

Ambos se encuentran en las comisiones legislativas de Ambiente, Asuntos Sociales y Trabajo; Hidrocarburos, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales.

“El pueblo no puede más”

Al presentar su proyecto, Abraham dijo que es necesario reactivar la actividad en Mendoza, ya que “el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor”.

El proyecto prevé destinar regalías a viviendas del IPV, políticas de género y programas de discapacidad.

“La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...)  El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del Estado y de la ciudadanía en general”, señala, entre otras cosas, la iniciativa.

Un panorama similar

Con una legislación y un contexto socioeconómico similar, en Chubut la discusión legislativa sobre la minería -en este caso específico en la Meseta, a través de la zonificación- carece todavía de una decisión política acerca del desarrollo de la industria, a la que, a diferencia de Mendoza, algunos representantes del propio peronismo kirchnerista se muestran reacios a acompañar.