Denuncian al Gobierno del Chubut por no responder pedidos de informes

Chubut 02 de febrero de 2019 Por
Ante la falta de respuestas, el diputado provincial Eduardo Conde, del bloque UCR-Cambiemos, asistió a la Justicia donde presentó un Mandato de Ejecución.
Conde y Caminoa

El presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura del Chubut, Eduardo Conde, presentó en el Juzgado Universal de Rawson un Mandamiento de Ejecución contra el Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Coordinación de Gabinete se dé respuesta a los pedidos de informes requeridos por vía legislativa en dos oportunidades, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a los requerimientos formulados. 

Ambos pedidos fueron efectuados por el legislador y están referidos al estado de situación del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. 

El primero, formulado con fecha 13 de septiembre de 2018, tuvo por objeto obtener copia del fichero de obras del Instituto con identificación de las obras realizadas durante los últimos años, empresas intervinientes, descripción de la obra, localidad, monto contractual, inicio y finalización de las tareas ejecutadas. 

Un mes después, el 11 de octubre de 2018, se efectuó el segundo pedido de informes para conocer el listado de los beneficiarios de viviendas nuevas desde el año 2003 hasta la fecha del pedido. 

El plazo legal para obtener la información solicitada fue de 10 días. En ambos casos, habiendo transcurrido meses sin obtener respuesta alguna, se decidió acudir al procedimiento judicial.

Entre los fundamentos del pedido se consigna el interés del diputado de indagar en el conocimiento de aquellos aspectos irregulares vinculados al desenvolvimiento del Instituto durante los últimos 15 años que han impedido el acceso a la vivienda social de aquellas familias que verdaderamente lo necesitan, y en su lugar se han privilegiado personas y sectores acomodados a través de vínculos políticos, como asimismo posibles acuerdos económicos espurios que ameritan su esclarecimiento, tanto por la actuación de funcionarios públicos como también del empresariado a cargo de las obras. 

“El silencio del Poder Ejecutivo al pedido de informe potencia el estado de incertidumbre acerca de los hechos que se pretenden indagar, circunstancia que amerita sin diferimiento la intervención del Poder Judicial para obtener compulsivamente el cumplimiento efectivo de la información solicitada”, remarcó el legislador Conde.

Sostuvo que “el Mandamiento de Ejecución es el remedio constitucional para abordar estos asuntos en donde el Poder Ejecutivo desoye injustificadamente el pedido de informes que también hace a las atribuciones constitucionales de los diputados de requerir información en los términos y con los alcances  consignados para el caso concreto”.

El juez de la causa debe evaluar la admisibilidad del planteo y luego correr traslado de la demanda al ministro coordinador de Gabinete para que conteste la acción. Finalmente, el tribunal resolverá la controversia, y en caso de admitir la acción, condenará al funcionario a cumplir con la manda judicial bajo apercibimiento de imponerle sanciones pecuniarias y condenarlo con costas.

 

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