La Senadora González busca frenar los cortes de Cammesa a las cooperativas declarando la generación de energía como servicio público

Chubut 08 de marzo de 2019 Por
La Senadora Nacional por Chubut Nancy González se refirió al conflicto que están atravesando las cooperativas para afrontar la deuda que contrajeron con Cammesa a raíz de absorber los aumentos tarifarios, producto de la dolarización de los servicios públicos y de la quita de subsidios del gobierno nacional, para no trasladarlos a los usuarios.
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A raíz de la falta de pago por parte de las cooperativas, Cammesa amenazó con restringir o bajar el suministro a las cooperativas eléctricas del interior del país.

Ante esta situación la Senadora González presentó un proyecto en el Senado de la Nación para declarar la generación de energía eléctrica como un servicio público y de esta manera Cammesa no pueda suspender ni bajar la provisión de electricidad a las cooperativas eléctricas del interior del país.

Sobre la solución propuesta por el gobernador Mariano Arcioni donde la provincia afrontaría la deuda con Cammesa pero que después las cooperativas tendrían que devolver esos recursos a la provincia con intereses, Nancy González aclaro “El gobernador lo que tendría que haber hecho para cuidar los intereses del pueblo de Chubut era no firmar el pacto fiscal, que es ahí donde se estipulaba la quita de subsidios para las cooperativas eléctricas”.

La Senadora también aclaró “la solución propuesta por las provincias es patear el problema para adelante, porque cuando llegue el momento que la cooperativas tengan que devolver el dinero, ese costo lo van a tener que trasladar a los usuarios con los interés y va a ser impagable”.

En paralelo, la Senadora González presentó un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, prohíbe todo incremento de tarifas en servicios públicos (energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas) por el plazo de un año. Dicho proyecto crea el Régimen de Equidad Tarifaria Federal que propone un esquema más justo según las condiciones climáticas de cada región. Por último busca ampliar el universo de beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, que dado el contexto socioeconómico que estamos atravesando, cada vez son más.

“Es necesario tomar medidas urgentes para evitar un colapso social. Los servicios públicos deben ser interpretados como derechos básicos protegidos por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales.  El acceso a la electricidad, al gas y al agua deben ser considerados como derechos humanos y también como una parte fundamental de la estructura de costos que define la capacidad productiva y la competitividad de nuestra economía. El “sinceramiento” que propuso el gobierno tiene como trasfondo la destrucción de la industria argentina y la pérdida de miles de puestos de trabajo”, concluyo la Senadora.

 

Durante el período diciembre de 2015 y diciembre de 2018 las tarifas de energía eléctrica se incrementaron un 2.303%, mientras que la tarifa de gas se incrementó un 1.752%. En el caso del agua el aumento fue de 655%. La incidencia del gasto en estos servicios y transporte ha crecido en forma significativa, pasando del 6.3% del Salario mínimo vital y móvil a fines de 2015 a más del 23.5% en la actualidad.