La Legislatura aprobó el marco regulatorio para campings en Chubut

Chubut 05 de julio de 2019 Por
Fue en la sesión realizada este jueves. Busca, entre otras cosas, que los acampantes no corran riesgo de accidentes.
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La Legislatura de Chubut convirtió este jueves en ley el proyecto presentado por el diputado provincial del PJ-FpV, José María Grazzini, el que establece el marco normativo con el cual se deberán regir los establecimientos que prestan servicios de campamentos turísticos y campings en todo el territorio provincial.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, “entendimos que debía existir un marco regulatorio que estableciera estándares mínimos para que los usuarios acampantes no estén en riesgo de accidentes dentro de esos ámbitos, tantos en aquellos que funcionan bajo la órbita privada como de la pública”. 

Recordó “casos judiciales que terminaron con sanciones contra el Estado Provincial, como el ocurrido en Lago Puelo en el interior de un camping”, que se resolvió “con un juicio millonario, y otros tantos accidentes sucedidos en campings públicos que funcionan bajo la órbita provincial”, añadió José Grazzini.

“Consideramos que, para mejorar nuestra calidad turística, debemos poner a disposición campings que tengan estándares tipos. A ello se suma que, al momento de la elaboración del proyecto, observamos que muchas dependencias provinciales” de este tipo “no alcanzaban los estándares existentes en otras provincias, por lo que elaboramos un marco regulatorio propio para Chubut, para que todos los establecimientos cumplan lo que establezca esta norma”, expresó el diputado.

En cuanto a los plazos de implementación, Grazzini sostuvo que “hemos tratado que el proyecto se apruebe en época invernal, para que cuando llegue la temporada de verano los establecimientos tipo campings puedan estar adecuados a la Ley; para que, quienes hacen uso de sus servicios, cuenten con condiciones de seguridad e higiene adecuados”.

La nueva legislación, que establece como autoridad de aplicación la Secretaría de Turismo de la Provincia, “está fundamentalmente apuntada a resguardar la calidad y atención a las personas, los servicios, y sobre todo la seguridad de los usuarios, todo regulado y controlado por el Estado Provincial. Hay muchos establecimientos que no estaban siendo fiscalizados, y las personas a cargo eran las que establecían qué tipo de servicios podían brindar”, marco en el cual planteó como ejemplo que “muchos usuarios deben recordar que -en muchas oportunidades- el camping de Puerto Pirámides no ha estado en condiciones mínimas” de seguridad, sanidad e higiene, y “no ha cumplido con muchos de los requisitos de cuidado de la salud de las personas”, concluyó el diputado provincial José María Grazzini.

Residuos peligrosos

Por otra parte, en la misma sesión la diputada del PJ-FpV Viviana Navarro presentó un proyecto de declaración preocupada por la eventual derogación de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, propiciada en el proyecto de reforma de Código Penal de la Nación, estimule el ejercicio de las actividades productivas vulnerando el cuidado del ambiente.

Navarro dijo en su iniciativa que que vería con agrado que los senadores y diputados de la Nación presten especial atención a que el nuevo Código Penal, en lo atinente al cuidado del ambiente, se redacte conservando lo previsto por la Ley 24.051; de modo que no se vean vulnerados los derechos de la sociedad a un ambiente sano, ni que queden libres de responsabilidad e impunes aquellos que en el ejercicio de cualquier actividad económica lo pongan en riesgo.

En sus fundamentos, la legisladora sostuvo que de acuerdo a la nueva redacción, los casos como los derrames de petróleo frente a las costas de Caleta Córdova no se podrían juzgar en la medida que no esté probado el daño: “Causas como esta quedarían sin ser juzgadas, sin determinarse responsabilidades por los hechos ocurridos en aquel momento”.

Indicó que “en principio las acciones disuasivas, consistentes en diferentes mecanismos punitivos, controles y responsabilidades contenidos en dicha Ley y  su reglamentación, apuntan al fin último de la concientización, al mejoramiento de las conductas desde la óptica ambiental, fundamentado en que todo deterioro del ecosistema afecta la salud de la población”.

Expresó su preocupación por las implicancias que esto tendría en la calidad de vida de los habitantes de una región cuyo ambiente, por la actividad económica desarrollada, está expuesto permanentemente a riesgos de desastres ambientales.

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