Escorpiones

Chubut 03 de septiembre de 2019 Por
Nota de opinión.
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Hace tiempo que la crisis de Chubut ha dejado de ser objeto de análisis solo de quienes están más cercanos a la política. La actual es vivida por todos los sectores sociales, y atraviesa de un modo u otro a todos los estamentos de la provincia. Su impacto viene siendo tal que ya no nos es tan extraño advertir noticias sobre ella en “letras de molde” (tal era la definición que se le daba en los viejos tabloides a las noticias de fuerte impacto) en los llamados medios nacionales.

Entre las distintas miradas que siempre arroja un escenario como el actual, existe en la provincia un consenso bastante generalizado en que la naturaleza de la crisis tiene que ver con el gasto público. No se pone tanto el acento en los ingresos, como en la escalada de erogaciones que el Estado ha tenido y tiene que afrontar desde hace un tiempo. Esta es la hipótesis que sostienen varios especialistas, que además le agregan fundamento desde la teoría económica.

La coyuntura nacional tampoco ayuda. A la tradicional incertidumbre que se vive en un clima electoral, se le agrega hoy la inestabilidad macroeconómica. Y la salida para el chubutense de a pie empieza a quedar cada vez más lejos. Sin lugar a dudas que analizar cómo y por qué se llegó a esta situación debe ser materia de debate. Hay responsabilidades que asumir y adjudicar, para delimitar también los intereses y factores que se ponen en juego en este escenario.

Las respuestas al gran interrogante sobre el origen de la crisis chubutense trascienden la política, y demandan una mirada de fondo, porque lo que parece exhibirse hoy en la provincia va más allá de un conflicto gremial, en el sentido tradicional del mismo, sino que visibiliza una profunda grieta cultural.

Los gremios estatales han llevando adelante un reclamo que ha pasado por todas las instancias; desde la protesta lisa y llana hasta los sucesivos cortes de ruta. El resto de los ciudadanos en general han acompañado el reclamo, en la medida que comprendieron que se asistía a un deterioro de las condiciones laborales acordadas.

Pero algo cambió en los últimos días. No son pocos los que comienzan a sentir que la protesta se ha "ido de madres", y que lo que se busca aquí es profundizar un estado de conflicto que poco tiene que ver con reclamos salariales. Ya no quieren seguir siendo rehenes de un tira y afloje, que tiene a los chicos chubutenses sin clases desde hace dos meses.

En el medio de todo esto, vuelve a aparecer en escena un proyecto de ley de un aporte “extraordinario” de empresas para sostener el pago de salarios de los agentes públicos, como uno de los puntos de reclamo de los gremios para aportar a la solución del conflicto. La discusión sobre el mismo ya había comenzado el año pasado, pero se paralizó rápidamente dado el poco consenso que tuvo en ese momento.

Esto último no llama la atención. Diversos juristas plantearon la inconsistencia jurídica de una norma así. Desde planteos de inconstitucionalidad por su carácter confiscatorio y violatorio del libre comercio, entre otros motivos, pasando por la doble imposición tributaria, hasta la falta de seguridad jurídica. Y también el riesgo que implica poner en juego regalías, que en la provincia son garantías de los múltiples endeudamientos del estado.

La preocupación por que una norma así avance desvela a muchos actores que buscan responsablemente una salida a la crisis estructural de la provincia, y que va más allá de los partidos políticos o de circunstanciales alineamientos. Tiene que ve con la seriedad para generar condiciones estructurales de previsibilidad económica y jurídica, que son condición sine qua non para el desarrollo productivo a largo plazo de cualquier Estado.

Pero el hecho que esté planteada pone en evidencia el profundo desconocimiento que se tiene del funcionamiento de la economía real por parte de actores políticos centrales. Pareciera que algunos dirigentes sindicales miden la realidad provincial con la vara de su microclima, y en tren de ajustar procesos políticos a visiones históricas, imaginan un mundo en el que las empresas son poco menos que la corporización de los males. Poco importa de cuál empresa se trata. Poco importa tampoco si detrás de cada empresa o productor hay empleos, trabajadores, pymes, múltiples gravámenes que componen el normal giro de los estados. En síntesis, que detrás de cada empresa también hay trabajadores y familias, cuya situación se ve amenazada a partir de intentos legislativos de ese tipo.

Y en lo profundo, como un metamensaje de la realidad, se perfilan dos visiones de la política y de la actualidad: por un lado, la mirada puesta en el desarrollo, en la promoción de iniciativas; en el tesón y la creatividad al servicio del esbozo de un paradigma con eje en el trabajo y la producción. Y por otro, una perspectiva cortoplacista signada por la inercia de un modelo que se agota y sin pensar en alternativas a futuro, o peor aún, boicotéandolas. Los defensores de “El Estado proveerá” recuerdan a la fábula del escorpión, que prefiere picar al sapo que lo está ayudando a cruzar el río aunque eso le signifique ahogarse. “Es que está en su naturaleza”, concluye la historia. Y aquí también parece haber algo de eso. Porque la apropiación de la renta sin detenerse a evaluar siquiera en si es posible garantizar la supervivencia y continuidad de la misma tiene mucho de suicida.

Esta grieta cultural debe superarse si la provincia pretende transitar un futuro posible. Hará falta una mirada superadora, y una profunda autocrítica que ponga las cosas blanco sobre negro. Es condición indispensable para avanzar.

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