El ministro de Energía, Juan José Aranguren, estimó que el Gobierno avanzará en mayo con la primera subasta pública de energías renovables y que abre paso a inversiones por unos 5.000 millones de dólares para los próximos dos años.
Así lo expresó Aranguren desde Washington en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear en la que participa el presidente Mauricio Macri y tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 531 que reglamentó la Ley 27.191 de incentivo al desarrollo de Energías Renovables.
“Hemos reglamentado la ley, se dictó el decreto, y calculamos que en mayo vamos a tener la primera subasta pública de energías renovables”, afirmó Aranguren en diálogo con Télam en referencia a la nueva normativa del sector que “demandará al 2025 la generación de 10.000 Mw de potencia” a partir de fuentes limpias.
En tanto, según la estimación del ministro para los próximos dos a tres años “se requerirá la instalación de 3.000 Mw de energías renovables que significarán 5.000 millones de dólares de inversión, a partir de proyectos individuales que van a apartar a la matriz energética nacional”.
La cifra de inversión que expresó Aranguren se condice con las estimaciones de los operadores locales del sector de las energías renovables que estiman un costo de hasta 2 millones de dólares por cada 1Mw nuevo instalado.
El proyecto, sancionado en octubre de 2014 por el Congreso nacional, reemplazó a la norma similar aprobada en 2006, pero las demoras en su reglamentación y las dificultades de implementación que encontró desde entonces la dejaron obsoleta ante la transformación del mercado a nivel global y regional.
A pesar de esa demora de una década, el ministro consideró que “haber llegado tarde no estuvo tan mal” al entender que en la actualidad la Argentina se encuentra con “la ventaja de poder obtener un buen costo general de producir energía a partir de la caída del costo de la tecnología que se viene registrando en los últimos años”.
La Argentina -que en 2006 fue pionera en el marco normativo de incentivo al desarrollo de las energías renovables- perdió terreno ante países vecinos que hoy multiplican varias veces en generación de electricidad a partir de fuentes limpias, como Perú, Chile o Uruguay, entre los más mencionados como ejemplo en el sector.
El ministro identificó también la proyección de los distintos recursos en las regiones del país, ya que por sus potenciales naturales es de esperar una gran oferta de energía eólica en las provincias de la Patagonia, de solar en la zona Andina y del Noroeste, de Biomasa en el Noreste.
En el nuevo esquema normativo también se contempla el desarrollo de las denominadas minicentrales hidroeléctricas de hasta 50 Mw de potencia, que resultan de menor costo de instalación y mantenimiento y menor impacto ambiental.
La nueva ley dispone que 8 por ciento del consumo eléctrico nacional debe provenir de fuentes renovables para el 31 de diciembre de 2017 y 20 por ciento hacia fines de 2025, en un esquema en el cual los grandes consumidores podrán negociar sus propios contratos de provisión con los nuevos generadores privados.
Ayer, el gobierno nacional asignó recursos por 12.000 millones de pesos al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), al reglamentar la ley 27.191, que apunta a una mayor diversificación de la matriz de generación eléctrica y a expandir la potencia instalada a corto plazo.
Así lo expresó Aranguren desde Washington en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear en la que participa el presidente Mauricio Macri y tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 531 que reglamentó la Ley 27.191 de incentivo al desarrollo de Energías Renovables.
“Hemos reglamentado la ley, se dictó el decreto, y calculamos que en mayo vamos a tener la primera subasta pública de energías renovables”, afirmó Aranguren en diálogo con Télam en referencia a la nueva normativa del sector que “demandará al 2025 la generación de 10.000 Mw de potencia” a partir de fuentes limpias.
En tanto, según la estimación del ministro para los próximos dos a tres años “se requerirá la instalación de 3.000 Mw de energías renovables que significarán 5.000 millones de dólares de inversión, a partir de proyectos individuales que van a apartar a la matriz energética nacional”.
La cifra de inversión que expresó Aranguren se condice con las estimaciones de los operadores locales del sector de las energías renovables que estiman un costo de hasta 2 millones de dólares por cada 1Mw nuevo instalado.
El proyecto, sancionado en octubre de 2014 por el Congreso nacional, reemplazó a la norma similar aprobada en 2006, pero las demoras en su reglamentación y las dificultades de implementación que encontró desde entonces la dejaron obsoleta ante la transformación del mercado a nivel global y regional.
A pesar de esa demora de una década, el ministro consideró que “haber llegado tarde no estuvo tan mal” al entender que en la actualidad la Argentina se encuentra con “la ventaja de poder obtener un buen costo general de producir energía a partir de la caída del costo de la tecnología que se viene registrando en los últimos años”.
La Argentina -que en 2006 fue pionera en el marco normativo de incentivo al desarrollo de las energías renovables- perdió terreno ante países vecinos que hoy multiplican varias veces en generación de electricidad a partir de fuentes limpias, como Perú, Chile o Uruguay, entre los más mencionados como ejemplo en el sector.
El ministro identificó también la proyección de los distintos recursos en las regiones del país, ya que por sus potenciales naturales es de esperar una gran oferta de energía eólica en las provincias de la Patagonia, de solar en la zona Andina y del Noroeste, de Biomasa en el Noreste.
En el nuevo esquema normativo también se contempla el desarrollo de las denominadas minicentrales hidroeléctricas de hasta 50 Mw de potencia, que resultan de menor costo de instalación y mantenimiento y menor impacto ambiental.
La nueva ley dispone que 8 por ciento del consumo eléctrico nacional debe provenir de fuentes renovables para el 31 de diciembre de 2017 y 20 por ciento hacia fines de 2025, en un esquema en el cual los grandes consumidores podrán negociar sus propios contratos de provisión con los nuevos generadores privados.
Ayer, el gobierno nacional asignó recursos por 12.000 millones de pesos al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), al reglamentar la ley 27.191, que apunta a una mayor diversificación de la matriz de generación eléctrica y a expandir la potencia instalada a corto plazo.
