Redacción
La Inspección General de Justicia (IGJ) del Chubut continúa avanzando en la investigación iniciada, tras la intervención dispuesta el pasado 30 de diciembre, en la Caja Previsional de los Profesionales Médicos, Bioquímicos, Odontólogos, Escribanos y Contadores (COMBE), en respuesta a preocupaciones planteadas por diversos profesionales respecto a intimaciones por supuestas deudas de aportes, emitidas por la entidad, que en algunos casos alcanzan cifras millonarias.
Cabe recordar que la obligatoriedad de afiliación al COMBE fue eliminada en 2008 mediante la modificación de la Ley XVIII N° 41 (antes Ley 5093), estableciendo el carácter voluntario de la afiliación. Sin embargo, la reciente emisión de intimaciones generó malestar entre los profesionales y derivó en una inspección sorpresiva realizada por la IGJ en el marco de las políticas de transparencia impulsadas por el gobernador del Chubut Ignacio "Nacho" Torres.
Faltantes e irregularidades
Durante dicha inspección, el Inspector General de Justicia, Ernesto D'Alessandro, destacó la importancia de auditar las actuaciones de la entidad y verificar su cumplimiento normativo. Se otorgó un plazo de 10 días para la presentación de documentación específica, pero el análisis de la información entregada evidenció faltantes e irregularidades.
En esta nueva etapa de la investigación, la IGJ solicitó a los organismos constituyentes del COMBE los documentos necesarios para determinar su legitimidad y evaluar el marco legal y administrativo de las acciones de la entidad, con la intención principal de validar que en su momento se haya respetado la real y expresa voluntad de los profesionales para la constitución del COMBE, y así descartar que su creación haya sido a espaldas de los profesionales médicos, bioquímicos, odontólogos, escribanos y contadores.
El nuevo plazo otorgado para esta presentación es de 10 días hábiles.
En este contexto, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Gobierno reafirma su compromiso de velar por los derechos de los profesionales y garantizar que las instituciones se ajusten al marco normativo vigente. Este proceso refleja la determinación de la actual gestión provincial respecto a fortalecer la transparencia y proteger los intereses de los ciudadanos de la provincia.
