Redacción
La Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El resultado fue de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción y pasó al Senado.
La amplitud del respaldo es el dato político de la jornada: coincidieron La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los bloques dialoguistas.
El cambio de fondo: de emergencia a régimen permanente
El proyecto retoma gran parte de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero le quita el carácter transitorio y la convierte en una ley permanente de orden público.
Ese pasaje es el punto central y conviene explicarlo. Una ley de emergencia tiene fecha de vencimiento: rige por un plazo determinado y después hay que prorrogarla, lo que obliga a reabrir la discusión cada vez y deja a los prestadores y a los usuarios sin horizonte de planificación. Un régimen permanente elimina esa renovación periódica.
Los puntos concretos del proyecto
Pensiones compatibles con trabajo. Quienes perciben una pensión por invalidez y tienen Certificado Único de Discapacidad podrán mantenerla —equivalente al 70% de la jubilación mínima— mientras tengan un empleo formal o estén inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Es una modificación de consecuencias prácticas inmediatas: hasta ahora, acceder a un trabajo registrado podía implicar perder la pensión, lo que operaba como un desincentivo directo a la inserción laboral formal.
Piso presupuestario. La partida asignada al área en el Ministerio de Salud no podrá caer en términos reales por debajo de la del ejercicio anterior. La expresión "en términos reales" es la clave: significa ajustada por inflación, de modo que un aumento nominal menor al índice de precios no cumpliría con la norma.
Nomenclador. Ratifica aranceles homogéneos en todo el país y prevé mecanismos de actualización. El nomenclador es la grilla que fija cuánto se paga por cada prestación: transporte, centro de día, apoyo escolar, rehabilitación.
Auditorías. Se establecen auditorías periódicas que cruzarán datos de Anses, Arca, Sintys y Renaper.
Deuda con prestadores. Una cláusula transitoria obliga a establecer un cronograma de pago de las acreencias atrasadas con los prestadores, con un plazo de hasta 30 días para que el Ejecutivo dicte la reglamentación.
Lo que se dijo en el recinto
Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, sostuvo que estaban "haciendo un poco de historia" y atribuyó a Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, el trabajo de unificar las posiciones de los bloques.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, calificó la ley de "perfectible" y señaló que "el 75% de la ley de emergencia está contenido en este proyecto". Su bloque había impulsado extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Entre las objeciones, Victoria Tolosa Paz planteó que "ninguna ley sirve si después el Gobierno no la aplica". Juan Marino afirmó que el proyecto de Presupuesto 2027 incluye un recorte del 13,9% para Incluir Salud y sostuvo que 324.303 personas esperan la resolución de sus solicitudes de pensión, de las cuales 8.000 recibieron el alta. También denunció cierres de centros de día por falta de estudios de costos.
Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, anticipó que no acompañaría el dictamen, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, pidió que el proyecto volviera a comisiones.
El punto que todos admiten
Hay una coincidencia transversal que atravesó el debate, incluso entre quienes votaron a favor: la efectividad de la ley va a depender de los recursos que se le asignen en el Presupuesto 2027, que todavía no está definido.
Es decir: la norma fija un piso y un mecanismo, pero el número concreto se discute en otra ley y en otro momento.
Fuentes: sesión de la Cámara de Diputados del 22 de octubre de 2026; intervenciones de los legisladores citados en el recinto.
