Desarrollo Social y la Defensa Pública trabajan en la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes

La ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud del Chubut, Mirta Simone, recibió en su despacho al defensor Público General, Sebastián Daroca, y al secretario de Política Institucional, Germán Kexel para avanzar en diversos temas relacionados con la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Ministra Simone informó que “en este encuentro con los representantes del Ministerio de la Defensa Pública uno de los temas abordados fue la redacción del proyecto de Decreto de la reglamentación del Abogado del niño, conforme los lineamientos y principio que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, pensando en este operador jurídico como un garante de la plena vigencia de los derechos y las garantías, al mismo tiempo que por otra vía también estamos avanzando con la Escuela de Capacitación Judicial y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en la capacitación que materialice esta figura”.

“Por otra parte, -continuó la titular de la cartera de Desarrollo Social-, se trabajó sobre la reglamentación de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que son los lugares en donde suceden los regímenes de comunicación en situaciones de ruptura familiar, para facilitar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a mantener las relaciones personales con familiares y referentes afectivos”.

Asimismo, en el encuentro se dispuso aportar desde el Estado, un abordaje integral para los Dispositivos de Cuidados Residencial no estatales en función de garantizar los derechos de todas las niñeces y adolescencias contribuyendo activamente al bienestar integral, promoviendo la articulación y la participación de los actores sociales y comunitarios para alcanzar la restitución de derechos.

En esta misma dirección se trabajó sobre acciones tendientes a la protección integral respecto de aquellas adolescencias que hayan vivenciado situaciones o circunstancias en relación con algún hecho que pudiera ser contravencional, para saber desde que parámetros diseñar, implementar y evaluar herramientas que sirvan de apoyo y orientación a las instituciones de cuidado para garantizar procesos basados en un enfoque de derechos.