Ese incentivo llamado consenso

Chubut y las políticas de estado

En “Democracia y Desarrollo. El caso Chubut”, que publiqué en el año 2022 por la editorial Remitente Patagonia, sostuve que el modelo institucional chubutense había conspirado con la posibilidad de generar políticas de estado sustentables.

En resumen, la posición que sustento se apoya en la idea de que el sistema político chubutense que por un lado garantiza altas dosis de gobernabilidad, por otro lado ha desincentivado la conformación de acuerdos políticos.

El constituyente chubutense de 1957 priorizó el valor “gobernabilidad” por sobre el valor “representatividad”, garantizando al ganador de la contienda electoral la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura Provincial (16 sobre 27 diputados). Es preciso recordar que en el momento de creación constitucional no era habitual un corte de boleta de tal envergadura que haga peligrar al gobernador electo la mayoría legislativa.

Este y otros arreglos institucionales (mandatos de legisladores coincidentes con los del ejecutivo, selección de representantes en lista sábana y en distrito único, etc.) encontraban origen en diversos condicionamientos de la época. Factores históricos vinculados a una democracia inestable, factores filosóficos apoyados en una democracia que se agotaba en la “regla de la mayoría”, y razones económicas y sociales vinculadas a las relaciones de poder de la época, moldearon un sistema que intentó garantizar, a través de los mecanismos mencionados, que quién obtuviera la primera magistratura pueda llevar adelante el plan de gobierno sometido al escrutinio popular.

Pero la noble idea de permitir que la mayoría pueda gobernar, garantizándole una notable mayoría legislativa cualquiera fuera la diferencia de votos que obtenía, operó como desincentivo a la colaboración política.

Aquel gobernador que tenía garantizado transcurrir su mandato sin crisis política (con mayoría legislativa y sin elección de medio término), no necesitaba acordar con la oposición, salvo escasas situaciones donde es requerida una mayoría agravada como es el caso de los nombramientos de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia o la regulación electoral, por ejemplo.

De esta forma la oposición sólo tenía como incentivo acceder al poder, priorizando para ello acciones de bloqueo y de desgaste del gobierno de turno.

Esta dificultad para propiciar acuerdos políticos tuvo como consecuencia serias complicaciones para avanzar hacia políticas de estado sustentables.

Tal déficit del sistema fue advertido por parte de la doctrina.

En tal sentido, Carlos Nino advirtió que los sistemas institucionales como el que fuera descripto encontraban un cuello de botella en aquellos casos en los que se requería lo que él denominaba un “superconsenso”. Ejemplo de estos casos son los momentos de crisis socioeconómica o en aquellas reformas estructurales de magnitud. 

En efecto, el sistema que desincentiva los acuerdos se vuelve incapaz de garantizar la seguridad jurídica frente a obras y proyectos que se desarrollarían en más de un mandato, lo que conlleva el riesgo de un posible cambio de color político.

La democracia chubutense, se caracterizó desde su nacimiento por una seria dificultad para generar acuerdos perdurables, y, como consecuencia de ello, para garantizar la seguridad jurídica imprescindible a la hora de atraer inversiones y, con ellas, generar trabajo genuino.

El modelo Torres

En el marco del sistema institucional descripto, los intentos del gobernador Ignacio Torres de ampliar la base de sustentación aparecen como una rara avis.

Luego de sortear con éxito los complejos desafíos impuestos por los compromisos asumidos por las gestiones anteriores y vencimientos de deuda que amenazaban con complicar el actual gobierno provincial, el primer mandatario comienza a mostrar un modelo de gestión que intenta fortalecerse a través de acuerdos con figuras de la oposición.

De esta manera la garantizada mayoría legislativa, a diferencia del pasado, no opera como desincentivo para la búsqueda de nuevos consensos y el fortalecimiento de una mirada mancomunada respecto al futuro de la provincia.

A modo de ejemplo, las coincidencias que muestra el gobernador con figuras de la oposición como Ricardo y Gustavo Sastre, o la convocatoria para formar parte del gabinete de Florencia Papaiani comienzan a mostrar un estilo nuevo que permite avisorar la posibilidad de generar acuerdos sólidos y una nueva práctica política que permita desarrollar de una vez y para siempre políticas de estado perdurables.

De incentivos a las inversiones

A hora de evaluar incentivos para grandes inversiones sostuve que la provincia del Chubut debía desandar un largo camino de desencuentros. Que desincentivaba más a un inversor la fotografía de la Casa del Chubut prendiéndose fuego que un par de puntos del Impuesto a las Ganancias. Que la recuperación de la seguridad jurídica no se obtenía con una mera modificación legislativa sino con una práctica perdurable que nos vuelva a mostrar confiables.

Para que esa práctica sea posible es esencial el éxito del nuevo camino seleccionado, el camino del diálogo, el camino del consenso.

Claro que no debe confundirse consenso con unanimidad. Siempre estarán los que apuesten por el fracaso, los que ganan con el incendio y el caos.

Tampoco se requieren acuerdos totales, ni la misma mirada sobre todos los temas. Deben darse las discusiones que sean necesarias, pero luego de que fueran saldadas, se deben sostener las decisiones de manera de volvernos confiables para quien decida volcar sus capitales en estas tierras sin el riesgo de que se le modifiquen las reglas de juego en pleno desarrollo del plan de negocios previsto.

El diálogo y el consenso resultan entonces el principal incentivo a la hora de atraer las inversiones que la provincia requiere para comenzar a caminar por el sendero del desarrollo, esa puerta de acceso al provenir de nuestra población.

(*)  Abogado (UNLP) - Maestría en Derecho Constitucional (UNPSJB).  Autor de "Achicando los Arcos" y "Democracia y Desarrollo: el caso Chubut"