La Jueza Mirta del Valle Moreno dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a la espera de escuchar a los testigos presentados por el área de Violencia Institucional de la Defensa Pública de Chubut, en el marco de una audiencia en la cual se tramitaron tres Hábeas Corpus Preventivos por presuntos excesos cometidos por  miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Moreno explicó que si bien se trataba de tres presentaciones diferentes, “tienen el mismo hilo conductor, el mismo objeto y el mismo planteo de celeridad, lo que derivó en la acumulación de las presentes para ser tratado en esta sola audiencia”, además de explicar los motivos por los cuales habilitó feria para el tratamiento de las mismas.

El primero de los hábeas corpus abordados a través de videoconferencia fue el presentado por el  Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y por Mariano Przybylski, en su carácter de Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, con el patrocinio letrado del abogado local Eduardo Hualpa. 

Tanto Pietragalla Corti como Przybylski hicieron alusión a numerosas denuncias recibidas en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en cuanto a  “detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas y hostigamiento”, entre otros.

En su presentación, Pietragalla Corti expresó que si bien las denuncias sobre episodios de abusos o excesos por parte del personal policial se han dado en todas las provincias, aclaró que en muchos casos se han logrado “abrir canales de diálogo para  aplicar un protocolo de actuación en todo el territorio”.

Przybylski expresó en su intervención que “el decreto 297 no da libertades totales a las fuerzas de seguridad para hacer detenciones arbitrarias. Lo que hay que hacer es cesar la conducta infractora. Hay que evitar llevar detenida a la gente, sino ejercer un control  para que se quede en sus casas. Hay que acompañarlos o llevarlos a sus casas”. En ese contexto explicó que si la opción es detener a los que rompen el aislamiento, “se termina por ayudar a la propagación del virus y se ingresa en un círculo vicioso”. 

Mariano Przybylski hizo un detalle pormenorizado de los hechos denunciados por ciudadanos de Chubut, tanto en Comodoro Rivadavia, como en Trelew y en la comarca cordillerana, entre otros casos. Señaló que la mayoría de los operativos excedía las restricciones dispuestas a nivel nacional en cuanto a circulación, horarios e incluso actividades habilitadas, como pasear una mascota o permitir la circulación acortada de personas con algún tipo de discapacidad.
El segundo de los Hábeas Corpus fue presentado por la Comisión contra la Impunidad  y por la Justicia de Trelew. La concejal del partido X Trelew, Mariela Flores Torres, fue la encargada de intervenir en este caso, y cuestionó tanto los procedimientos realizados en distintos lugares de Trelew como algunas metodologías diseñadas por el Ministerio de Seguridad. 

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Pública explicó los alcances de un Hábeas Corpus presentado sobre la base de cuatro denuncias, pero “entendemos que tiene efectos colectivos, porque se están amenazado derechos esenciales, y que tienen que ver con la libertad, dignidad e integridad de todas las ciudades de Chubut” dijo Germán Kexel, de la Secretaría Penal y de Prevención de la Violencia Institucional.
Tras enumerar los casos abordados en el recurso presentado, Kexel explicó que la mayorías de las detenciones registradas en los relevamientos realizados por la defensa pública -siempre en el marco de lo dispuesto por la emergencia sanitaria- se realizaron sin que exista un marco normativo establecido.  En ese contexto expresó que las resoluciones ministeriales no pueden restringir las libertades y derechos individuales, pero que además, las detenciones se cumplieron incluso antes de que fueran publicadas las mismas o hubiera un decreto que les diera sustento jurídico.

Omar López, también de la Defensa Pública, indicó que “el contenido de las medidas que se adoptan para limitar las garantías constitucionales tienen que tener expresa vinculación con los fines por los cuales se dicta esta limitación y en este caso claramente es la salud pública”. 

A su turno, el Fiscal General Fernado Rivarola, consideró “pertinente la vía elegida” en las tres presentaciones puestas a consideración y enumeró los legajos en los cuales ha tomado intervención el Ministerio Público Fiscal de Chubut, tanto a partir de denuncias de particulares, como también por una denuncia efectuada por los integrantes del bloque de diputados Alianza Frente de Todos, e incluso de investigaciones de oficio.

Tras enumerar algunas de esas actuaciones, Rivarola expresó que “el  contexto de restricciones de las resoluciones ministeriales (en Chubut) , implica en los hechos mayores restricciones que los impuestos por el Poder Ejecutivo Nacional” y si bien reconoció que el propio DNU 297/2020 otorga a las provincias y municipio la potestad de fijar normas complementarias, deberían ser “en el marco de los parámetros que se han planteado en la audiencia”. 

Todas las partes coincidieron en que señalar que es necesario que las disposiciones políticas y órdenes de la Jefatura de Policía se adecúen a los protocolos y disposiciones establecidos por los organismos de derechos humanos a los cuales adhiere nuestro país, como así también que no supongan mayores restricciones a las establecidas por las autoridades nacionales en el DNU 297/2020. 

Antes de escuchar el descargo de parte del ministro de Seguridad Federico Massoni y a los fines de poder dar a los testigos presentados la chance de declarar, la Jueza Mirta Moreno resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes para escuchar a los testigos ofrecidos en el marco de la presentación de tres Hábeas Corpus Preventivos contra los procedimientos policiales.