Menna y Torres presentaron un proyecto de ley para que Nación asista a Chubut con 30 mil millones de pesos

Juntos por el Cambio dio a conocer este lunes la presentación en el Congreso de un proyecto de ley con el objetivo de que Nación otorgue a Chubut un subsidio de 30 mil millones de pesos para cubrir su déficit previsto para todo 2020, en el marco de su crítica situación económica y financiera.

La iniciativa fue elaborada por los diputados nacionales Gustavo Menna e Ignacio Torres, quienes la presentaron este lunes al mediodía en una conferencia de prensa brindada a través de la plataforma Zoom y en la que participaron además los diputados provinciales Manuel Pagliaroni, María Andrea Aguilera, Sebastián López, y la presidenta del radicalismo provincial, Jacqueline Caminoa.

Según explicaron, la solicitud del subsidio se basa en el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional que indica que le corresponde al Congreso “acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios”.

Estos subsidios “están delineados como un auxilio directo del Estado federal a las provincias que padecen una situación extrema como la del Chubut en la actualidad, sin afectar los ingresos de los restantes Estados provinciales”, precisaron.

Obligación de pedir auxilio

Durante la conferencia de prensa remarcaron que “las autoridades provinciales, ante la imposibilidad manifiesta de obtener por sus medios los recursos para financiar el presupuesto que ellas mismas proyectaron y pidieron aprobar en Legislatura para el año 2020, tienen la obligación de requerir el auxilio nacional”.

“No pueden tener temor de reclamar por ello. Hasta diciembre del año pasado pusieron mucho empeño en ello. Desde el 10 de diciembre del año pasado parecen haber perdido vigor para plantarse ante las autoridades nacionales”, agregaron.

La asistencia

El proyecto prevé que la asistencia de Nación se realice en 6 cuotas de 5.000 millones de pesos cada una a partir del 1° de julio próximo, que el subsidio surja de una ampliación del presupuesto nacional de 2019, y que Chubut coparticipe a los municipios, comisiones de fomento y comunas rurales.

En relación con la procedencia, Menna y Torres indicaron que desde el inicio de 2020 la emisión monetaria del Banco Central ha sido de un billón de pesos. “Pero está claro que esa emisión solo aprovecha y beneficia al Estado Nacional, ya que su producido no se coparticipa. A la vista está que el Programa para la Emergencia Financiera Provincial aprobado por el decreto 352/2020 solo contempla $ 120 mil millones que representa apenas un 12% de la citada emisión”, indicaron.

En los fundamentos del proyecto se hace alusión a que “la Provincia se encuentra técnicamente en estado de cesación de pagos, al no poder afrontar sus obligaciones con proveedores (algunos de los cuales tienen acreencias impagas que datan de hace más de seis años) y salarios de los agentes públicos”.

En este marco el proyecto dejó en claro que la asistencia por 5.000 millones de pesos que Nación le otorgó a Chubut y que la semana pasada aprobó la Legislatura no solo es insuficiente, sino que provino del Fondo Fiduciario creado para apuntalar a las provincias en el marco de los efectos de la pandemia, cuando en realidad la crisis provincial es preexistente a esa situación, ya que, por ejemplo, el retraso salarial lleva casi un año.

“Esta situación no solo afecta derechos básicos y de naturaleza alimentaria de los trabajadores, sino que además tiene casi absolutamente paralizado al Estado provincial, que no puede brindar las funciones básicas que constituyen su esencia: no hay clases (el año pasado se perdió la mitad del año escolar), no hay servicio de justicia, no hay inversión en infraestructura, los pueblos del interior sufren constantemente el corte del servicio de energía eléctrica, faltan insumos hospitalarios y hasta la Legislatura provincial tiene dificultades para sesionar con regularidad”, enumeró el proyecto.

A esto se sumó que “la semana pasada, en plena pandemia, las autoridades de las distintas áreas programáticas del Ministerio de Salud provincial presentaron sus renuncias por la falta de pago de los salarios y por las condiciones en que deben prestar sus funciones”.

El monto

Para justificar el monto de asistencia que se solicita, la iniciativa indica que el ministro de Economía de la Provincia “ha venido exponiendo al momento de justificar el incumplimiento y la mora en el pago de salarios de agentes públicos y otras obligaciones estatales, que mensualmente faltan $ 2 mil millones solo para cancelar obligaciones salariales”.

Así, “si tenemos en cuenta que hay que pagar los meses de abril a diciembre y dos medios aguinaldos, tenemos que entonces solo por ese concepto están faltando $ 20 mil millones”.

Pero además “si se computa que ese monto solo contempla el faltante para el pago de obligaciones salariales, y que además los ingresos seguirán cayendo y que también deben atenderse otras funciones esenciales del Estado, se considera prudente estimar en $ 30 mil millones el monto total de la asistencia que se propone”, cerró en ese sentido.

Inexplicable

Menna y Torres marcaron que “se trata de una situación inexplicable si se tiene en cuenta que Chubut es productora de petróleo -la primera productora del país-, y que por tal motivo, además, de las dos fuentes de ingresos que tienen las demás provincias para financiar su presupuesto -coparticipación federal y tributos provinciales-, dispone de regalías hidrocarburíferas”.

“Históricamente -aseguraron- Chubut tuvo ingresos anuales por regalías equivalentes a entre 80 y 100 millones de dólares, hasta que la inédita suba del precio del barril a partir de 2005, que alcanzó en algún momento los u$s 140, provocó no solo mayores ingresos por este concepto debido al mayor precio del crudo, sino también un crecimiento exponencial de la producción, lo que por su parte redundó en mayor recaudación de regalías”.

De esta manera, “desde entonces la Provincia dispuso anualmente entre u$s 400 millones y u$s 500 millones por esta vía, cinco veces más que lo ordinario”.

Deudas

Sin embargo, “pese a estos ingresos inéditos, se contrajeron sucesivos endeudamientos emitidos bajo la forma de títulos en dólares, con sometimiento a la Justicia y legislación de Nueva York, por más de u$s 1.150 millones”.

Así, enfatizaron, “se llegó al escenario calamitoso del presente, luego de haber contado con un flujo de recursos extraordinarios que entre regalías y empréstitos representaron más de u$s 6.000 millones. Nada de ello se tradujo en obras de infraestructura transformadoras ni en un Estado más eficiente”.

En este marco, “la deuda financiera pendiente de pago representa unos u$s 850 millones más intereses, con vencimientos hasta el año 2026, que anualmente demandan compromisos de amortización y servicios por entre u$s 120 y u$s 170 millones”.

“Al valor actual del dólar, estos vencimientos equivalen a entre dos y tres masas salariales”, graficaron.

“Tal es el gravísimo y angustiante cuadro de situación de una provincia paralizada y en quiebra por responsabilidad de sucesivos gobiernos provinciales que desde 2005 dispusieron de ingresos inéditos”, enfatizaron.

“No obstante -continuaron- no es justo que el fracaso de todos esos gobiernos y la incapacidad del actual para diseñar y ejecutar políticas públicas que cuanto menos comiencen a mejorar el cuadro -la situación no ha hecho más que agravarse mes a mes desde que en julio del año pasado no pudo pagarse en tiempo y forma los sueldos de junio y el medio aguinaldo-, sea cargado sobre el conjunto de los más de 600 mil habitantes de la provincia, que padecen las consecuencias de un Estado inactivo”.

Ante ello, fundamentaron los legisladores, “que asumiéndonos como un Estado federal, resulta necesario que el Gobierno Nacional intervenga para socorrer a la Provincia, por resultar claro a esta altura de los acontecimientos que es la única herramienta para comenzar a superar este escenario decadente de inacción y agravamiento periódico de la situación”.

Agregaron que “Nación debe volver su mirada sobre Chubut y acudir en su auxilio, pues las autoridades provinciales, a más de 6 meses de asumir sus responsabilidades, han demostrado no tener la capacidad para desarrollar y mucho menos poner en marcha un plan que permita vislumbrar una mejora gradual de la situación”.

En este sentido dijeron que “la reciente asistencia aprobada para la Provincia de $ 5.000 millones no constituye la herramienta apta para esta situación”.

Esta asistencia, marcaron, “proviene del Programa para la Emergencia Financiera Provincial aprobado por el decreto 352/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que está previsto como un auxilio para situaciones financieras derivadas de la pandemia del COVID-19 y de las consecuencias económicas provocadas por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Pero “no es este el caso la situación financiera del Chubut precede a la pandemia y no fue provocado por esta última. Es cierto que la agrava, y en tal sentido es que se valora como positiva la asistencia crediticia de $ 5.000 millones. Pero la crisis es mucho más profunda; se trata de un préstamo que más allá que se devuelve con una tasa baja igualmente mantiene su valor porque se ajusta por CER y que con esos fondos solo se podrá cancelar el saldo de sueldos impagos de marzo y una porción de los de abril”.

Más deuda

“De hecho -remarcaron- esa asistencia implicó incrementar en $ 5.000 millones más el stock de la deuda provincial. No obstante ello, aún queda pendiente de pago todo el resto de la masa salarial de abril y toda la de mayo. Y en pocos días se harán exigibles los salarios de junio y el medio aguinaldo. Claramente, no ha sido apto para solucionar la grave situación que enfrenta la Provincia”.

“El Gobierno Nacional tiene el deber de socorrer y evitar una situación caótica y de deserción estatal en la prestación de servicios y obligaciones esenciales en Chubut”, continuaron.

Y finalizaron: “Resulta de toda justicia y, además, de toda procedencia constitucional, que el gobierno federal acuda en socorro de Chubut y evite un colapso aún mayor para sus instituciones, su estructura económica, y el bienestar de sus habitantes, y contribuya a financiar en la forma que manda el artículo 75 inciso 9 de la Constitución un presupuesto que de otra forma no podrá llevarse a cabo por no existir los recursos propios para ello”.