La ministra de Educación, Florencia Perata, participó esta tarde de la  97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones aprobaron por unanimidad el protocolo para el regreso a las aulas.

El encuentro online, presidido por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, tuvo como finalidad la aprobación del “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”, después de los encuentros de debate que la semana última todas las jurisdicciones mantuvieron para alcanzar consensos.

Con la participación de ministras y ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, esta resolución que fija los lineamientos obligatorios y recomendaciones generales, le permitirá a cada  provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborar planes progresivos y acorde a sus particularidades que garanticen un retorno seguro a los establecimientos en el momento en que la situación epidemiológica lo permita.

La ministra Perata sostuvo que el protocolo establece todas “las medidas necesarias para organizar un regreso seguro y demandará un intenso trabajo y muy articulado entre varios sectores del Gobierno provincial y para eso ya hemos comenzado a mantener reuniones".

"Las provincias de la región patagónica planteamos como posibilidad el regreso a las aulas para finales de agosto, principios de septiembre siempre que la situación sanitaria lo permita y también atendiendo las cuestiones climáticas, tal como plantearon otras provincias vecinas”, dijo la funcionaria.

Estrategia federal, atendiendo situaciones propias

Trotta, en tanto, indicó que “esta reunión es parte de la estrategia conjunta que venimos transitando para poder proyectar un regreso seguro a las aulas, priorizando siempre la salud de toda nuestra comunidad educativa. La realidad de la circulación del COVID-19 en el país es muy diversa, por eso sostenemos la

importancia de la construcción de consensos ayudando a contener y derribar los lógicos temores que pueden tener nuestras familias, docentes y estudiantes”.

El protocolo marco y los lineamientos federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica.

El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local. Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.

La reanudación de las clases presenciales en el país tendrá las siguientes características: se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas de cada región y la asistencia será alternada por grupos de alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo “bimodal”.

En tal sentido, se acordó que resulta imprescindible volver a mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio a la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa.

Asimismo, cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias. Para ello, las  provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación. El mismo deberá contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento acordado y tener la aprobación de las máximas autoridades educativ