El presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, se reunió con el ministro de Gobierno y Justicia del Chubut, José María Grazzini, al que le planteó la necesidad de implementar el Registro Provincial de Procesos Penales sobreseídos por prescripción que, pese a haber sido aprobado por la Legislatura en octubre del año 2016, no ha sido puesto en marcha por el Poder Ejecutivo.

El Registro, plasmado en la Ley XV-21, fue impulsado por Pagliaroni junto con sus entonces compañeros de bancada Jacqueline Caminoa y Eduardo Conde, durante el anterior período de la Legislatura.   

La mencionada ley crea “el Registro Provincial de Procesos Penales sobreseídos por prescripción, por vencimiento del plazo máximo de duración de las causas y por vencimiento del plazo máximo de duración de la etapa preparatoria de la investigación”, al tiempo que establece que “funcionará en la órbita del Ministerio Gobierno y Justicia y estará a cargo del órgano administrativo que establezca la reglamentación”.

Entre otros aspectos, su articulado prevé que “el Registro será público y abierto a la consulta por parte de cualquier persona física o jurídica, de derecho público o privado. El Registro deberá entregar los informes que se le requieran como así también copia de aquellas resoluciones que le sean solicitadas”.

Al respecto, Pagliaroni mencionó que la reunión con Grazzini tuvo como objetivo consultar “si está en agenda la implementación del Registro, que debe encontrarse en la órbita en su Ministerio”. Se tata de “una Ley que impulsamos desde el bloque en el período anterior y que fue aprobada en octubre del año 2016”.

El legislador explicó que la normativa “apunta a que exista un control social sobre el funcionamiento de la Justicia”.

La idea, agregó, es que “todas aquellas causas que se cierran estén registradas; y que puedan ser de fácil acceso para los ciudadanos que quieran consultarlas”.

“Le planteé al ministro la necesidad de implementar la Ley, que ya lleva algunos años desde su aprobación”, dijo Pagliaroni. Agregó que en este sentido “hay una falta de parte del Poder Ejecutivo por no haberla puesto en marcha, lo cual fue reconocido por el ministro, que nos comunicó que el tema se encuentra en agenda”, agregó.

El legislador radical recordó que el último avance público fue una reunión que, en enero de 2017, tuvo el entonces ministro de Gobierno, Pablo Durán, con funcionarios del Superior Tribunal de Justicia y de la Policía Judicial, entre otros actores, para comenzar a poner en marcha el Registro.

Allí se reforzó la idea de que tenga carácter público, para que los ciudadanos o profesionales interesados puedan conocer la razón del archivo de una causa.

“Sin embargo, luego de ese encuentro no hubo más avances, al menos públicamente, y por eso el pedido al ministro Grazzini para su implementación”, cerró Pagliaroni.