El fiscal Marcos Nápoli, uno de los investigadores de la causa “Revelación”, mediante la cual se desnudó una trama de “retornos” pagados por los contratistas de la obra pública en Chubut, y la existencia de altísimos sobresueldos de funcionarios públicos, adelantó que está previsto que en febrero próximo se inicie el juicio oral.

Nápoli lo anticipó en una entrevista concedida al programa “La Tribuna” de Radio del Mar, de Comodoro Rivadavia donde afirmó: “Hemos mantenido conversaciones con responsables de la Oficina Judicial de Rawson y nos han comentado que han reservado una fecha para iniciar el juicio, a mediados febrero”, aunque aclaró que “aún no han sido notificadas de manera oficial las partes”.

Esta fecha prevista, dijo Nápoli, “implica que nos pongamos a trabajar ya mismo en el volcado y la reunión de las pruebas”. 

“La etapa de investigación terminó con la presentación de la situación, de una manera formal”, comentó. “Ahora -enfatizó- nos queda preparar todas las pruebas, la documental, la testimonial, la judicial, para presentar en el debate y que los jueces, que no han tenido contacto con el caso, puedan aprehender la teoría que va a desplegar la Fiscalía”.

La causa “Revelación” salió a la luz pública en Chubut cuando se difundió una lista de nombres de los principales funcionarios del Gobierno del Chubut y en la que se podía deducir la existencia de montos, a modo de sobresueldos, que cada uno cobraba. Luego se supo que los sobresueldos, reconocidos por los imputados, provenían de un mecanismo de “retornos” que pagaban las empresas contratistas de la obra pública. 

La lista, cuyo diseño ha sido atribuido al secretario privado del gobernador Das Neves, Diego Correa, junto a otro integrante de la Privada, Diego Lüters, infería a otros imputados, como Gonzalo Carpintero, con montos mensuales cercanos al millón de pesos, pero también a otros dirigentes que no han sido imputados, como el ex secretario de Trabajo, ex diputado provincial y ex ministro coordinador de Mario Das Neves, Jerónimo García, con 250.000 pesos.   

“Estas listas van a ser mostradas en el juicio. Van a ser interrogados los testigos sobre ellas”, adelantó Nápoli. “Sobre eso va a girar la discusión en el juicio. Por eso yo creo que habrá muchas personas que están nerviosas. Los juicios orales tienen muchas cuestiones que son inciertas y generan incertidumbre”, agregó, consultado sobre las críticas y las presiones públicas recibidas por los investigadores.

Al respecto indicó: ““En este momento hay 7 u 8 fiscales denunciados en el Consejo de la Magistratura. Héctor Iturrioz está a punto de ser enjuiciado a través de un jury, el doctor (Omar) Rodríguez con un sumario en el Consejo de la Magistratura. A mí me denunció una persona de apellido Dupuy por la causa Revelación y no se entienden los motivos. Nosotros sabíamos de entrada que no iba a ser gratis y que iban a venir este tipo de embates. Esto no me parece sano”, manifestó.

“Nosotros -añadió- contamos con suficiente carga probatoria como para poder pedir la condena de todos los funcionarios públicos que van a ir a juicio”.

Agregó que “hay personas que ya han reconocido el hecho. Han mostrado no arrepentimiento, pero sí resignación con la discusión del caso, lo cual es loable para la Fiscalía y la sociedad, e incluso para los imputados. Ojalá se sienten varios de ellos en el banquillo, confiesen y ratifiquen los hechos por los que están imputados y que la Fiscalía ha investigado”.

En relación con la modalidad del juicio en el contexto de la pandemia, explicó: “Se puede realizar siempre y cuando haya alguno de los tres jueves presentes en la sala, y que los defensores puedan desplegar su ejercicio de la profesión sin ningún tipo de cortapisas. Yo voy a estar presente, Dios mediante, y los querellantes también. Al igual que los testigos más importantes, con distanciamiento y protocolos sanitarios”. 

“Basta esperar -continuó- que trascurra el juicio y se sepa qué fue lo que sucedió. Nosotros vamos a contar de manera detallada en qué consistía esta maquinaria de recaudación de dinero que era dirigida, principalmente, por quienes detentaban la mayor cuota de poder del Estado”. 

“Nosotros con semejante lista lo que hicimos es direccionar la investigación hacia aquellas personas que ostentaban el cobro de mayores montos. Estaban los nombres, los montos y las fechas”, precisó