Waldo Griffiths
Hasta hace diez días, Tim Payne era apenas un nombre en una planilla. Defensor de Nueva Zelanda, treinta y dos años, una carrera discreta en el Wellington Phoenix: el jugador más desconocido del Mundial 2026. Entonces un influencer argentino, Valen Scarsini —“Scarso” para sus más de setecientos mil seguidores—, lanzó un desafío tan raro como genial: convertir al futbolista más anónimo del torneo en su gran protagonista. En cuestión de días, la cuenta de Payne saltó de alrededor de cuatro mil a más de cuatro millones de seguidores. Superó al primer ministro neozelandés, a las estrellas de los All Blacks, a media farándula local. McDonald’s, Domino’s, Duolingo y Canva se treparon a la ola. Una fama construida desde cero, sin que el hombre tocara una sola pelota.
La moraleja del fenómeno es inquietante, y los propios protagonistas la formularon sin pudor: si se puede inventar a un ídolo mundialista de la nada, también se puede inventar —o desinflar— a una marca, a un artista, a una empresa, a una idea. O a un político. Lo que organiza ese mecanismo no es el mérito ni la realidad, sino el engagement: la reacción, el clic, el comentario, la velocidad. Ese vértigo, que en el deporte resulta una anécdota simpática, en la política funciona como un disolvente.
La democracia descansa sobre una premisa compartida: que ciertas decisiones son demasiado importantes para quedar a merced de un solo gobierno. Las reglas fiscales, la matriz energética, el sistema previsional, la política exterior, el diseño de la justicia; todo aquello que llamamos política de Estado exige acuerdos que sobrevivan a la alternancia. Y los acuerdos a su vez exigen tres cosas escasas: tiempo, continuidad y la disposición de la oposición a colaborar, incluso a regalarle de vez en cuando un triunfo al oficialismo. Sin esa amalgama no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay inversión, ni horizonte, ni país que se proyecte más allá del próximo trimestre.
El problema es que las redes sociales introdujeron un incentivo nuevo, y ese incentivo corre exactamente en sentido contrario. En la economía de la atención, lo que rinde no es el acuerdo sino la oposición; no la colaboración sino el rechazo; no la construcción paciente sino la respuesta rápida. Nadie se vuelve viral por aprobar un presupuesto en comisión. Nadie acumula seguidores por ceder un punto en una negociación. El que insulta, es tendencia; el que negocia, desaparece. Un legislador que optimiza su conducta según la métrica de la atención —y hoy casi todos lo hacen— tiene todos los motivos para sabotear y casi ninguno para construir.
La asimetría es brutal. Destruir un acuerdo es barato, inmediato y fotogénico: basta un tuit filoso, una chicana en el recinto, un gesto de indignación bien editado. Construirlo, en cambio, es caro, lento e invisible: reuniones que no se transmiten, concesiones que nadie aplaude, borradores que se reescriben veinte veces. El show premia lo primero y castiga lo segundo. En esas condiciones, pedirle a un dirigente que privilegie el acuerdo es pedirle que renuncie voluntariamente a la moneda con la que se mide su propia supervivencia.
Hay, en el fondo, una colisión de relojes. El tiempo de las redes es instantáneo, reactivo, gobernado por el impulso del minuto. El tiempo del Estado es lento, deliberativo, acumulativo: una ley seria se discute durante meses y rinde sus frutos en años. Cuando el primero coloniza al segundo, la deliberación se vuelve imposible. La política deja de ser el arte de lo posible y se convierte en la gestión del próximo pico de indignación.
Hace unas semanas, en el Movistar Arena, Fito Páez fue silbado por su propio público. Su pecado: dedicar buena parte del show a las canciones de su disco nuevo, Novela, en lugar de desgranar los clásicos de siempre. La gente no había ido a descubrir; había ido a confirmar. Quería los temas conocidos, el estribillo que ya se sabe de memoria. El episodio es una alegoría perfecta del público político en las redes. Esa platea no premia lo nuevo, lo negociado, lo matizado: exige el repertorio de siempre, el gesto esperado, la canción que todos pueden cantar a coro. Al dirigente que propone algo distinto, que baja un cambio para acordar, lo chiflan.
Y hay algo más en esa platea: la pulsión de protagonizar. Espectadores que se niegan a ser espectadores, que quieren ser actores de una escena en la que solo les toca mirar. Las redes alimentan esa confusión —la del observador que se cree titular— y, con ella, una confusión pública más vasta sobre quién decide, quién opina y quién, simplemente, hace ruido.
Acá aparece el círculo más perverso. El troll se justifica a sí mismo. Una vez que el público quedó enganchado a la lógica de la confrontación, el político ya no puede bajar un cambio ni acordar nada: para conservar a esa tribuna, está obligado a ir siempre un paso más lejos que el troll, porque el troll es, ahora, su electorado. El representante termina representando la versión más extrema de su propio timeline. Moderarse se lee como traición; acordar, como rendición. Es un delirio que se retroalimenta, una carrera hacia el fondo en la que cada escalón de crispación obliga al siguiente.
Lo notable es que el castigo no recae solo sobre la negociación, sino sobre su éxito. Cuando, contra todos los pronósticos, un acuerdo prospera, la tribuna digital no lo celebra: lo audita en busca de traidores. La foto del apretón de manos entre adversarios, que en otra época era una imagen de madurez institucional, hoy circula como prueba de connivencia, de “casta”, de entrega. Se premia el portazo y se sospecha del consenso. Así, el sistema no solo desalienta el intento de acordar: penaliza incluso a quienes lo consiguen.
El saldo de todo esto es concreto, no metafórico. Cada acuerdo que no se firma, cada reforma que naufraga en la pose en lugar de discutirse, cada puente que se dinamita por un puñado de likes, es un costo que paga el país entero en forma de incertidumbre. La inversión necesita previsibilidad; la previsibilidad necesita acuerdos; los acuerdos necesitan actores dispuestos a pagar el costo inmediato de cooperar. La economía del engagement grava ese costo hasta volverlo prohibitivo.
Sería injusto, claro, cargarles todo a las plataformas. Las redes también ventilan abusos, dan voz a los que no la tenían y vuelven más caro el secreto. El problema no es la herramienta sino el incentivo que terminó premiando, y la responsabilidad no es de los algoritmos sino de los dirigentes que eligen alimentar la máquina en lugar de resistirla. La tracción es estructural y atraviesa a todos los signos políticos: no es el vicio de un bando, es el aire que respira el sistema.
A Tim Payne lo espera, el 15 de junio, un partido contra Irán. Ahí la realidad volverá a imponerse con su vieja brutalidad: los millones de seguidores no marcan, no defienden, no corren. La cancha corrige a la pantalla. La política, en cambio, no tiene un silbatazo inicial que distinga el juego real de la fama virtual; corre siempre el riesgo de que el espectáculo se vuelva el único partido que se juega. Recuperar la capacidad de acordar quizá exija, antes que nada, una virtud hoy fuera de moda: el coraje de ser chiflado como Fito. De tocar la canción que hay que tocar —el acuerdo difícil, la cesión impopular, la reforma que rinde recién mañana— en lugar de la que la tribuna exige a los gritos. Hacer política de Estado es, cada vez más, animarse a defraudar al timeline.
(*)El autor es especialista en comunicación institucional y ciencia de datos. Ha sido responsable in-house y externo para diversas firmas. Actualmente ocupa la Dirección de Prensa de la Presidencia de la Legislatura del Chubut. Es maestrando de la Maestría en Ciencia de Datos (etapa de tesis) de la Universidad Austral, y Máster en Data Science y BI (UNED, Madrid), en Investigación de Mercado (UNED, Madrid) y en Dirección Comercial (Universitat de Barcelona).
