La Legislatura del Chubut aprobó por mayoría, en la sesión ordinaria de este martes, un proyecto de ley del diputado del PJ-FpV David González para que los trabajadores estatales de Chubut cobren intereses por el pago escalonado que está aplicando el Gobierno.
En la propuesta, presentada hace un par de semanas, se establece que, vencido el plazo máximo y perentorio de cuatro días hábiles que posee el Estado Provincial en su condición de empleador para hacer efectivo el pago de los salarios devengados de todos los agentes estatales de su dependencia, el mismo entrará automáticamente en mora, debiendo abonarles a todos los trabajadores dependientes de los tres poderes, entes autárquicos y organismos descentralizados un interés por mora equivalente a una vez la tasa de interés que percibe el Banco del Chubut para las operaciones generales vencidas, hasta su efectiva cancelación. 
De la medida quedan exceptuados los diputados, funcionarios de planta política, funcionarios del Poder Legislativo, así como del como Ejecutivo y magistrados.
El interés generado deberá ser incluido en la liquidación de haberes de cada trabajador en el mes inmediato posterior al mes en que se produjo la mora.

González explicó que el pago de haberes debe efectuarse una vez vencido el período al que corresponda, dentro de los cuatro días hábiles tanto para las remuneraciones mensuales o quincenales.
El atraso en el cobro de los haberes mensuales o en la liquidaciones de los aguinaldos, profundiza aún más la precarización económica que sufren muchos sectores sociales.

El proyecto de ley fue avalado por los votos del PJ-FpV y del oficialista Chubut Somos Todos, pero el presidente del bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, dijo no estar de acuerdo “porque la responsabilidad de la crisis es del Gobierno. Si estamos diciendo que estableceremos un interés a los sueldos no abonados en tiempo, no debería haber medidas de fuerza”.

Sostuvo que no está de acuerdo en seguir recargando sobre las arcas del Estado 50 millones de pesos por mes. “La situación de crisis que atraviesa la Provincia no lo amerita. No hay precedentes en otros ámbitos donde se haya propuesto esto. La ciudadanía debe ver que la Provincia no se termina con los empleados públicos”.

Más fondos para el TICADEP

Luego de que el nuevo ministro de Economía, Oscar Antonena, enviara toda la información solicitada sobre quiénes de los proveedores del Estado ya recibieron pagos de cancelación y quiénes aún figuran en el listado para cobrar en el futuro, y en el entendimiento que estos fondos frescos van a reactivar la cadena de pagos y lograr que empresas de la construcción no deban despedir trabajadores y avanzar con las obras en marcha, los diputados aprobaron elevar la partida de fondos disponibles para el título de cancelación de deuda, conocido como Ticadep, de 1.200 millones a 3.500 millones de pesos.

La diputada Gabriela Dufour recordó que el Gobierno había prometido pagar una deuda con proveedores y no lo hizo, agudizando la crisis a los proveedores del Estado.

“Nos negaron la información y en noviembre del 2018 logramos que la Contaduría General nos haga un informe”, dijo la legisladora del PJ-FpV. “En ese momento -agregó- podrían haber pagado y emitido el TICADEP que estamos tratando pero pasaron diez meses y no hicieron nada, salvo pagarles a los amigos del poder que cobraron en efectivo cuando no les correspondía. H no sabemos si los pequeños proveedores están en la lista del pago en efectivo”.   

Navarro y Fita, por las Cooperativas

Por otra parte, se aprobó un proyecto de declaración de los diputados del PJ-FpV Viviana Navarro y Gustavo Fita ante la preocupación sobre “el comportamiento arbitrario, voraz e ilegítimo de CAMMESA, que amenaza dejar sin energía a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Esquel, Sarmiento y zonas de influencia, al aplicar sanciones ilegítimas, extorsivas, en claro abuso de su posición monopólica, soslayando que se trata de un servicio público indispensable para la vida ciudadana”.

Sostienen que  ante la gravísima situación social, y económica que vive la Provincia vería con agrado que la Justicia Federal prorrogue las medidas cautelares resueltas a instancias de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, la Cooperativa de Servicios Públicos de Consumo y Vivienda de Rawson Ltda, la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew y resuelva de manera favorable las eventuales acciones que presentaren las demás Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut.

Navarro explicó que  esas políticas públicas oscilaron pendularmente desde el congelamiento tarifario entre diciembre 2013 y febrero 2016, al aumento indiscriminado de tarifas, quita de subsidios y traslado de todo el costo de la energía a los usuarios.

“CAMMESA inició acciones ejecutivas contra las Cooperativas, llegando a embargar algunas por el 30% de las sumas depositadas en el Banco del Chubut SA y las que en el futuro ingresen, lo que le generó enormes trastornos en la operatoria de provisión de energía”, dijo Navarro al sostener que la política aplicada desde el Gobierno Nacional afecta a los distritos en los que la distribución es realizada por empresas sociales o estatales, y que prestan servicios en jurisdicciones ajenas a la pertenencia política del oficialismo nacional.

No duda que existe un trato preferencial hacia las grandes distribuidoras de energía a nivel nacional: “EDENOR y EDESUR, que tienen a su cargo el servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, han sido favorecidas por subsidios, compensaciones y condonación de deudas”.