Mario BensimónY parece ser cierto que la necesidad tiene cara de hereje.
La democracia confía en las decisiones que se adoptan mediante la discusión entre todos los posibles afectados por aquellas decisiones, a través de este mal necesario que termina siendo la representatividad política. En efecto, ante la imposibilidad de encontrar un ámbito que permita que la ciudadanía en su conjunto exprese sus opiniones, el sistema ha encontrado en la representación política la manera en que todas las voces se encuentren presentes (en teoría al menos) en el debate público.
Claro que la representación tiene problemas y el sistema seleccionado también deja que desear toda vez que, tal como lo sostuve en “Achicando los Arcos – Análisis del juego democrático argentino a la luz de sus reglas. Proyectos de Reforma Política”[1], existe en Argentina un entramado institucional destinado a dificultar la aplicación de la regla de la mayoría.
Pero con sus problemas a cuestas es nuestra democracia, y la actividad política, la encargada de encontrar las soluciones más justas e imparciales en materia de moral pública, partiendo siempre del entendimiento de que todos los ciudadanos tenemos la misma capacidad para formar parte del proceso de toma de decisiones.
Ocurre que luego de los procesos electorales recientes, ante las dificultades económicas que han tomado estado público, parte de la comunidad acude al Poder Judicial en resguardo de sus derechos. Un Poder Judicial que responde a criterios justificatorios muy diversos a los procesos democráticos. En efecto, el sistema judicial se apoya en la creencia que un juez, gracias a su capacidad y nivel de análisis, va a llegar a buenas soluciones para el caso propuesto.
El problema ocurre cuando ese juez debe resolver sobre cuestiones que por su carácter colectivo atañen a una comunidad en su conjunto. Y en ese momento es donde la tensión entre derechos y democracia se pone a la vista de la comunidad.
En efecto, un derecho sobre la cabeza de una persona es, siguiendo a Ronald Dworkin, una carta de triunfo ante decisiones mayoritarias. Es decir que una mayoría coyuntural podrá hacer prevalecer sus decisiones en materia de moral pública, pero sin poder avasallar un derecho, el que actuará, tal como dije, como una carta de triunfo.
Frente a esas decisiones, aquel juez será quién se encuentre en mejores condiciones para hacer prevalecer el derecho del particular ante posibles avasallamientos de los poderes de turno.
Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en los que las crisis económicas adquieren semejante magnitud que el resguardo de los derechos de quienes acuden al sistema judicial, pone en riesgo los derechos de quienes todavía no han acudido a tal sistema?. Cuando la escasez se hace presente de manera general, superando la casuística que compromete el trabajo del juez de trinchera (con el respeto de los jueces más cercanos a la resolución de casos individuales).
En estos casos, satisfacer plenamente los primeros reclamantes pondrá en riesgo el derecho de otros, máxime en una situación donde el derecho al libre acceso a la justicia no se encuentra reconocido de manera igualitaria a todos los sectores de la comunidad.
En estas excepcionales situaciones, es complejo pensar en decisiones individuales que se ajusten a los niveles de justicia que la crisis global exige.
Por otra parte el Sistema Judicial se sostiene sobre la convicción de una comunidad que su existencia garantiza el ejercicio de los derechos consagrados en la normativa vigente. Esta construcción de confianza es un trabajo cotidiano (que muchas veces requiere la precisión de un relojero) al que deben prestar atención las autoridades judiciales, en especial aquellas que tienen a su cargo la máxima investidura judicial, en el caso del Chubut el Superior Tribunal de Justicia.
Ahora bien, ocurre que aquella construcción de autoridad a veces se ve condicionada en los hechos (con las disculpas del caso a los puristas del derecho) por el contexto político y social. Por ejemplo, es muy probable que asista razón a los empleados públicos en reclamos judiciales para exigirle al Ejecutivo el pago en término, pero si el dinero no se encuentra en las arcas provinciales, los jueces sentenciantes habrán derrochado tinta y habrán rifado también el prestigio del tribunal al que representan. El mismo caso aplica para los afiliados a la Obra Social provincial, merecedores en este contexto de sentencias de muy compleja aplicación.
Pensar que los jueces son quienes en mejores condiciones se encuentran para resolver la crisis económica es un error, además de pulverizar los fundamentos democráticos que confían en el debate de ideas de una comunidad dada, como el proceso más eficiente a la hora de encontrar mejores soluciones y trocarlo por fundamentos claramente elitistas que confían en la capacidad sólo de algunas personas meditando.
En este estado de cosas si en cambio puede ser papel de los órganos judiciales, el de convocar a un debate razonable entre las partes, brindando las garantías y la confianza que evidentemente se perdieron, pero no mucho más que eso.
No parece ser este camino, el de la justicia, el camino razonable para abordar una crisis como la actual, y no porque considere incapaces a los jueces sino porque no creo que sea su papel, y además ni siquiera están las condiciones dadas para garantizar la ejecutabilidad de sus eventuales decisiones, poniendo en este caso en jaque al sistema en su conjunto.
Es la política, y eso lo saben todos.
[1] “Achicando los Arcos – Análisis del juego democrático argentino a la luz de sus reglas. Proyectos de Reforma Política”. Editorial Remitente Patagonia
