El fiscal general Marcos Nápoli defendió el destino del dinero y las obras prometidas a ejecutar por parte de los empresarios imputados en la causa “Revelación” que se someten a la probation para no ser llevados a juicio oral y público. El proceso judicial en estos días atraviesa la audiencia preliminar al juicio oral y público y ya han sido varios los imputados que están ejecutando obras a cambio de ser sobreseídos.

La postura la fijó ante los embates de la querella representante de los diputados del Frente Para la Victoria que realizaron la denuncia sobre fines del año 2017 que desencadenó en una decena de causas de corrupción, algunas de ellas ya con sentencia en primera instancia y condenas.

La causa “Revelación” investiga a altos funcionarios provinciales de la anterior gestión de Mario Das Neves al frente de la Gobernación, por un lado, y a empresarios de la construcción, por el otro.  

Obras y dinero

Nápoli debió intervenir en el inicio de la audiencia preliminar este miércoles, al escucharse las propuestas de los defensores de cuatro empresarios para acogerse con esas figuras legales de la “probation” o “reparación” que permite el Código Procesal Penal.

Así  Oscar Sandin de “Sandín Construcciones”, ofreció construir calabozos y oficinas en la Comisaría de Rawson invirtiendo 630 mil pesos. Juan Rossi, de la empresa “IPE”, ofreció devolver 500 mil pesos que serán destinados a equipar la Policía Científica. Juan Riquelme, de “RV Lonas”, otro 50 mil pesos más 200 horas de trabajos comunitarios. Y finalmente desde Comodoro Rivadavia el empresario Gonzalo Cordon ofreció comprar dos grupos electrógenos para dotar de electricidad a las localidades de Buen Pasto y Aldea Apeleg. Los equipos ofrecidos ascienden a la suma de 1.600.000 pesos.

“El pueblo”, como víctima

En general todos los querellantes adhirieron a las propuestas de los empresarios y la postura del Ministerio Público Fiscal. Pero Sergio Miranda, el querellante que representa a los diputados del Frente Para la Victoria que realizaron la denuncia, adhirió al acuerdo pero pidió que el dinero “sea destinado a entidades de bien público o escuelas. La víctima de este delito fue el pueblo del Chubut y además el Poder Ejecutivo ya destina importantes fondos para la Policía en general y la Policía Científica”, argumentó.

El fiscal Nápoli fue claro en su respuesta. Manifestó que, en lo que va de aceptaciones de “probation”, es decir la ejecución de obras a cambio de no ser sometidos a juicio oral y público, “se vienen realizando obras en toda la provincia porque hemos intentado ser lo más justos posibles en la distribución de los beneficios que este acuerdo genera. Hay numerosas escuelas además beneficiadas con los acuerdos a los que hemos llegado con otros imputados. En esto de ser lo más ecuánime posible, hemos tenido en cuenta que cuando se mejora una comisaría, también es en beneficio de toda la comunidad. Puntualmente en el caso de la Comisaría de Rawson, fue un pedido expreso de la Oficina Judicial y las autoridades de la dependencia. Más de una vez los calabozos fueron clausurados por los jueces por sus malas condiciones y eso entorpece. Además la falta de los calabozos, hace que muchas veces los presos deben ser trasladados a Trelew, con gasto en combustible y personal”, indicó.

El juez Sergio Piñeda decidirá en la continuidad de la audiencia preliminar, este jueves en la Oficina Judicial de Rawson.