La crisis económica, social e institucional que está atravesando la Provincia de Chubut nos abre un interrogante, ¿estamos ante el colapso de las capacidades estatales de respuesta a la crisis?

¿Cuáles son los factores determinantes en la crisis de la Provincia?

El manejo ineficiente de los recursos y finanzas públicas: inconsistencia y  déficit presupuestario, problemas en las compras públicas, filtraciones en las transferencias monetarias e ineficiencias técnicas en el gasto público. El desorden en la política económica que impacta en las variables y en la capacidad del Estado de responder a las múltiples demandas sectoriales. 

Hay fragilidad y conflictividad crónica que agrava la situación social, aumentando la pobreza, las carencias y situaciones de inseguridad en múltiples dimensiones. Las condiciones de vida de los ciudadanos se agravan de tal forma que no hay previsibilidad. Como consecuencia aumenta la protesta social y el riesgo a escaladas de violencia

La ausencia absoluta de confianza pública. Los ciudadanos sienten rechazo a todo el sistema político e institucional. Se deterioraron los canales de representación y representatividad, con la consecuente anomia social que eso implica.  

¿Cómo esto afecta los derechos de los chubutenses?

Desde un enfoque de derechos humanos, los factores expuestos anteriormente impactan de manera muy negativa en el ejercicio y acceso a derechos de los chubutenses. La imposibilidad de proveer servicios esenciales como la salud y educación; de garantizar los servicios públicos mínimos que están colapsados; mantener paz social (seguridad); acceso a justicia; afectaciones a los derechos económicos. Estos elementos combinados implican vulneraciones de derechos cruzadas que afectan todos los aspectos de la vida cotidiana de los chubutenses. En definitiva sus capacidades de ejercer sus derechos y de que estos sean protegidos por el Estado.  

¿Cómo evitar la escalada y la ampliación de la crisis?

La determinación política de iniciar un proceso de reformas estructurales que permitan encausar los déficits, las espirales de conflictos socio-laborales y las inconsistencias económicas. Estas reformas no pueden ni deben impactar en los derechos básicos de la ciudadanía, pero sí deben lograr en el corto y mediano plazo un ordenamiento de las cuentas públicas, asegurando previsibilidad y seguridad económica a los chubutenses. El manejo de la crisis desde la decisión y acción política.

La búsqueda de acuerdos mínimos que permitan disminuir los niveles de conflictividad, y que logre que los múltiples sectores minimicen sus demandas para maximizar las posibilidades colectivas de salida a la crisis. El manejo de la crisis desde el diálogo, la negociación y el consenso.

La transparencia de la información a la ciudadanía mediante una comunicación directa de los problemas y sus múltiples dimensiones: mensajes claros, específicos y de una vía. Que involucre paulatinamente diferentes voceros con un discurso unificado que lleve a la ciudadanía certidumbre y algo de tranquilidad en medio de los problemas que la afectan.  El manejo de la crisis desde la comunicación política.

Abordaje urgente de las demandas sociales. Hay sectores de la población especialmente afectados en sus derechos que deben ser atendidos con políticas focalizadas, priorizando. Se deben restablecer los servicios mínimos para que el sistema de protección integral (seguridad, justicia, salud) paulatinamente vuelva a su funcionamiento normal. El manejo de la crisis desde un enfoque de derechos humanos.

Finalmente un nuevo interrogante, ¿están dadas las condiciones para que esto suceda?