“Quienes se oponen a la minería y quienes la apoyan viven rodeados de bienes y servicios que no existirían sin los insumos que provee la actividad”

La Red de Académicos por el Desarrollo de una Minería Sustentable manifestó que el proyecto de zonificación minera en la Meseta del Chubut “no hace más que cumplir uno de los requisitos establecidos por la Ley 5.001”, al tiempo que hizo hincapié en una “discusión moral” derivada de los múltiples bienes y servicios que ser producen con insumos de la industria y que son utilizados por quienes apoyan pero también por quienes se oponen a su desarrollo.

“El proyecto no hace más que cumplir con uno de los requisitos establecidos por la Ley 5.001 que, si bien debería haberse cumplido antes de los 120 días de sancionada la norma, no tiene fecha de vencimiento, al igual que no lo tiene el resto de las reglamentaciones que, para cada ley sancionada en nuestro país, suele concretarse mucho tiempo después de los plazos establecidos”, dijo la organización, en alusión al artículo 2° de la mencionada legislación y que nunca antes se había puesto en práctica.

En un pronunciamiento firmado por Marita Ahumada (INSUTEC Mendoza), Roberto Lencina (Universidad Nacional de Tucumán) y Hugo Nielson (Universidad Nacional de San Martín) agregaron que el proyecto “despertó voces críticas que han logrado hacerse oír, pero a la vez ha generado multitudinarias adhesiones, expresadas en encuestas y, sobre todo, en marchas encabezadas por los habitantes de la zona en la que se propone desarrollar la actividad”.

Estas voces, indicaron, “durante mucho tiempo fueron silenciadas, pero ahora consideran que ha llegado el momento de decir basta, y exigir que la largamente relegada meseta chubutense pueda tener voz en la definición de su destino. Son voces de miles de chubutenses que no tienen la suerte de contar con tierras fértiles, o pesca, o turismo, o salarios estatales”.

En este marco explicaron que “existe una gran cantidad de elementos técnicos a considerar en el debate, pero antes de todos estos elementos sobresale una discusión de carácter moral”, y especificaron que “la cruda realidad es que tanto quienes se oponen a la minería como quienes la apoyan viven una vida rodeada de bienes y servicios que no existirían de no ser por los insumos que provee la actividad, insumos que no crecen en los árboles, sino que son producidos en provincias y países que no rechazan la minería”.

“Sin minería no hay computadoras, ni celulares, ni automóviles, ni electricidad, ni gas. Sin minería no hay agricultura, ni turismo, ni educación, ni salud, ni producción científica”, precisaron.

Ante ello se preguntaron: “¿Es moralmente justificable que quienes creen que la minería es una actividad contaminante acepten usar productos provenientes de la actividad que, a su entender, estaría contaminando otras provincias o países? ¿No resulta esto equivalente a consumir una prenda de vestir, a sabiendas de que fue producida con trabajo infantil? ¿O comprar un bien, a sabiendas de que el mismo fue robado?”.

“La minería no tiene punto de comparación con esas actividades ilícitas, porque una actividad lícita que en todo el mundo aplica estándares de seguridad que pocas industrias poseen, contribuyendo al desarrollo sustentable de las comunidades en las que se realiza”, sostuvieron. 

Agregaron que “la minería acompaña al ser humano desde la edad de piedra, y lo seguirá acompañando hasta el fin de sus tiempos; y todas las personas, chubutenses incluidos, seguirán dependiendo de bienes y servicios procedentes de la minería”.

Y finalizaron: “El proyecto de ley que se está discutiendo es de vital importancia, porque permitirá a la provincia de Chubut contribuir a la producción de los insumos necesarios para generar los bienes y servicios que los propios chubutenses demandan. Y lo hará garantizando las mejores prácticas ambientales y maximizando los beneficios para la provincia y el país”.