Ante la información que se dio a conocer en las últimas horas sobre la licitación que iniciará el Gobierno Provincial de Chubut para contratar una empresa privada que ejerza funciones que competen a la Dirección de Rentas, la senadora nacional Edith Terenzi solicitó informes a los funcionarios que tienen injerencia en la misma. 

Por tal motivo envió pedidos a Gerardo Minnaard, director general de Rentas; Oscar Antonena, ministro de Economía y Crédito Público, y a Alejandro Sandilo, secretario General de Gobierno, para que informen sobre la decisión del Gobierno Provincial respecto a la eventual contratación de una empresa privada para ejercer funciones que corresponden exclusivamente a una dependencia estatal como es la Dirección de Rentas. 

Terenzi les solicitó a los funcionarios que brinden un detalle “del grado de avance en la contratación de una empresa privada que ejerza funciones en el ámbito de injerencia de la Dirección General de Rentas de Chubut”. 

También que “informen sobre el tipo de funciones que desempeñaría tal empresa y sobre la existencia de estudios previos que muestren dificultades en la recaudación tributaria de la provincia”. 

Además pidió estudios “que demuestren el efecto económico y administrativo final, evaluando beneficios y costos de una medida de tal importancia”, señalando su preocupación por tal decisión ya que, de avanzar con la iniciativa, “no solo arroga facultades estatales, sino que implica un acceso a información confidencial de todos los ciudadanos por parte de un agente privado”. 

Cancelación de deuda 

En otro orden, la senadora nacional de JxC también rechazó el proyecto del legislador Oscar Parrilli del Frente de Todos, que crea un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI con fondos que se detecten en el exterior. 

En su intervención durante la sesión de ayer jueves 12 de mayo, Terenzi calificó al proyecto como “demagógico y engañoso por querer hacernos creer que necesitamos de este proyecto de ley para recaudar el dinero, mientras se oculta una clara intención de blanqueo de capitales”. 

Aclaró que “nadie niega la evasión tributaria, pero existen leyes que regulan gravámenes que recaen sobre la tenencia de bienes no declarados, tanto en el exterior como dentro de nuestro país”.

“Sería más útil que avancemos en una ley de extinción de dominio que recuperaría los bienes de la corrupción”, concluyó.