El sistema de gobierno vigente en la Argentina se caracteriza por una importante concentración de facultades sobre la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional.

El poder real pasa por obtener esa Primera Magistratura, lo que oficia además de único y exclusivo incentivo de las facciones que compiten democráticamente. 

Ocurre que el sistema que deposita tamaña responsabilidad en el Presidente de la Nación, exige que el mismo cuente con un acompañamiento importante de la población. Y cuando ello no ocurre, el sistema proporciona la herramienta para aglutinar mayor nivel de acompañamiento en quien resulte el candidato electo, “el ballotage”. A través de esta segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, el sistema pretende dotar de la legitimidad de origen necesaria para afrontar el cúmulo de responsabilidades a su cargo. Una especie de licencia de conducir especial.

El entramado institucional diseñado confía tanto en la capacidad de quien ocupe la Primera Magistratura Nacional (confianza ésta basada en perimidos argumentos de tipo elitistas), que cualquier merma en el reconocimiento popular al Presidente pone en jaque al sistema en su conjunto.

He sostenido en reiteradas ocasiones que el Sistema Presidencialista vive como una crisis algo que debiera ser natural, es decir la posible merma en el acompañamiento popular a la gestión de gobierno en curso, o la aparición de una nueva mayoría.

El fenómeno, denominado por la ciencia política como “falta de válvulas de escape del sistema presidencialista”, advierte que los mecanismos previstos por el sistema para corregir el evento (renuncia del presidente, juicio político o revocatoria de mandatos) no se han mostrado eficaces en la práctica.

Y es que justamente el problema de un sistema que permite la acumulación excesiva de poder en una persona se produce cuando esa persona deja de ser reconocida por sus representados.

Esta situación se pone de manifiesto muchas veces en las elecciones legislativas de medio término.

El disgusto con la gestión presidencial en curso suele manifestarse a través de una victoria rotunda de la oposición en las elecciones legislativas de medio término o mediante una notoria dispersión del voto, un evento que resulta habitual en tales convocatorias electorales.

Y es que como sostenía el prestigioso constitucionalista argentino Carlos Santiago Nino, en nuestro país convive la presión del sistema proporcional de selección de los Diputados hacia un multipartidismo, con la presión del sistema de mayorías para la elección presidencial hacia un bipartidismo.

En situaciones estables, la presión hacia el bipartidismo ejercida por la elección presidencial prevalece frente a la presión hacia el multipartidismo de las elecciones parlamentarias. Pero sólo en situaciones estables.

Recientes experiencias demuestran que cuando la inestabilidad (política o económica) gana la calle, la dispersión del voto comienza a resultar también protagonista de las elecciones presidenciales.

Ello ocurrió luego de la crisis del 2001. 

Las elecciones legislativas del 2001 ya mostraban un profundo rechazo a la gestión presidencial de la coalición denominada “La Alianza”, pero también un desencanto popular comenzaba a percibirse a través del denominado vulgarmente como “voto bronca” (voto nulo o no voto).

Las elecciones presidenciales del 2003 fueron marcadas por una profunda dispersión del voto, causada por la crisis económica, la crisis de representatividad y la división de los Partidos Mayoritarios. En dicha elección el candidato más votado fue Carlos Menem con el 24.45% de los votos, seguido por Néstor Kirchner con el 22.25%, quien finalmente accedería a la Presidencia ante la renuncia de Menem al ballotage.

Si bien no contó con la legitimidad de origen que le hubiera otorgado un ballotage, Kirchner obtuvo a poco de andar un importante acompañamiento popular que se manifestaba elección tras elección. A pesar de ello, y advirtiendo el riesgo que la dispersión del voto proporcionaba en el Sistema Presidencialista, el oficialismo propició en diciembre de 2009 la sanción de la ley 26.571 denominada por sus autores “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”.

Dicha ley tenía el objeto de abordar las dificultades proporcionadas por la dispersión del voto. De esta manera la ley incluyó mayores requisitos para que los Partidos Políticos sostengan la personería (con el objeto de disminuir la oferta electoral) y con el mismo objeto se Incluyeron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de manera de concentrar el voto en la elección general. De esta forma, la propuesta era afianzar el bipartidismo.

La crisis económica y política que atraviesa la Argentina en el año 2022 prende las alarmas respecto a que la dispersión del voto protagonice las elecciones presidenciales de 2023. Algunos encuestadores ya advierten la posible mejoría en las performances que prevén para los Partidos Libertarios y para la Izquierda.

En un Sistema Parlamentario, que convive con la necesidad de formar acuerdos y propiciar la colaboración política, tal dato no sería objeto de preocupación.

Pero en el Sistema Presidencialista, no acostumbrado a los acuerdos políticos, que encuentra en el acceso a la primera magistratura el único y exclusivo incentivo de las fuerzas políticas, que atento al excesivo Poder brindado al oficialismo este no encuentra incentivos para convocar a la oposición, que en tal contexto la oposición suele hacer prevalecer estrategias de bloqueo con el objeto de alcanzar el gobierno, la noticia requiere al menos especial atención.

Sobre todo si se reconoce que la magnitud de la crisis del país exigirá al próximo gobierno contar con el poder suficiente para imponer políticamente sus propuestas que fueran sometidas al escrutinio popular.