El Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Comunitaria a cargo de Sandra Muñoz y sus equipos de trabajo, participó de la presentación del sistema URGE que se realizó en el ‘Centro Astronómico’ de Trelew.

Participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, como la directora Nacional de Políticas de Género, Federica Otero, la coordinadora de Enlace Institucional, María Esther Titi Isoardi y la Dra. Bereciartua que pertenece a la Unidad Privada del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A nivel provincial, se contó con el acompañamiento de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, representantes de la  Subsecretaría de Género y Diversidad, los integrantes del equipo de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia, los técnicos informáticos de la Procuración,  Lic. Daniel Corropoli y Lic. María Alejandra López, fiscales y funcionarios de Unidad Especializada en Género, la directora de Género de la Jefatura de Policía, comisario general Claudia Bocco, el jefe del área Informática y las jefas de las comisarías de la Mujer de Rawson, Trelew, Gaiman y Puerto Madryn.

Todos los actores nacionales y provinciales realizaron una mesa de trabajo en el que se precisaron los componentes y posibilidades del sistema URGE para establecer una coordinación con el sistema ‘Coirón’ que –actualmente- posee el Poder Judicial.

¿Cómo funciona el sistema ‘URGE’?

El sistema URGE constituye un ‘sistema único del registro de denuncias por violencia de género y su protocolo de actuación policial para la recepción y registro de las denuncias’.

A través de estas herramientas, se apunta a  homogeneizar y estandarizar las intervenciones policiales en este tipo de  procedimientos con el propósito de resguardar la integridad de las mujeres o personas con identidad de género femenina en situaciones de violencia en el marco de una absoluta confidencialidad.

Vale la pena subrayar que es la única base de datos que contiene las denuncias por violencia de género que reciben el personal de las Fuerzas Federales y de las Policías provinciales.