Redacción
Ministros de veinticinco países firmaron este martes en París una declaración conjunta para orientar y supervisar el uso de la inteligencia artificial en la educación. Entre los firmantes figuran Brasil, el Reino Unido, Egipto y Honduras.
El documento se adoptó en el marco de la Semana del Aprendizaje Digital, el encuentro anual de la UNESCO sobre tecnología y educación, que se desarrolla desde hoy y hasta el 11 de septiembre en la sede del organismo. La edición 2026 lleva por lema "La educación en la era de la IA: hechos, fricciones y fronteras" y reúne a más de mil participantes presenciales, además de ministros, representantes del sector de las telecomunicaciones, expertos, docentes y estudiantes.
Qué se comprometieron a hacer
Los firmantes parten de un reconocimiento explícito: la inteligencia artificial ya está transformando la educación y puede mejorarla. No es un documento de rechazo.
A partir de ahí, los compromisos apuntan a tres protecciones. La primera, los intereses de los menores y su desarrollo cognitivo. La segunda, los derechos de los docentes. La tercera, sostener la educación como bien común, es decir, impedir que el acceso a herramientas de calidad quede determinado por la capacidad de pago de cada sistema educativo.
El punto que conviene leer con atención
Hay un pasaje del texto que se aparta del tono habitual de las declaraciones internacionales, porque en lugar de principios enumera costos.
Los firmantes se comprometieron a evaluar el costo total de propiedad de las herramientas de inteligencia artificial antes de adoptarlas. Y detallaron qué incluye ese cálculo: la conectividad, los dispositivos, la adaptación al idioma y al contexto local, la exposición al riesgo cambiario, la formación del profesorado y —este es el punto menos frecuente— el costo de abandonar el sistema una vez adoptado.
En consecuencia, la declaración establece que se dará prioridad a la interoperabilidad y a la portabilidad, de modo de poder cambiar de rumbo cuando sea necesario.
Por qué importa acá
Ese párrafo describe con precisión un problema que cualquier organización argentina conoce de memoria.
Un ministerio provincial contrata una plataforma educativa. El precio está en dólares. Se compran licencias, se capacita a los docentes, se cargan los contenidos, se migran los legajos. Tres años después el proveedor aumenta, o cambia sus condiciones, o discontinúa el producto. Y ahí aparece la pregunta que nadie hizo al principio: cuánto cuesta irse.
Si los datos no son exportables, si los contenidos quedaron atados a un formato propietario, si no hay manera de migrar sin perder el trabajo acumulado, la respuesta es que irse cuesta más que quedarse. Y el sistema educativo queda cautivo de una decisión de compra tomada años atrás.
La mención expresa a la exposición al riesgo cambiario es, además, un guiño directo a los países de moneda débil. Una licencia que se paga en dólares y se financia con presupuesto en pesos es un compromiso cuyo costo real nadie puede proyectar a cinco años.
Que veinticinco ministerios firmen que van a calcular eso antes de comprar no garantiza que lo hagan. Pero establece un estándar contra el cual, de acá en adelante, se los puede medir.
Fuentes: UNESCO, declaración ministerial conjunta adoptada en la Semana del Aprendizaje Digital 2026 (París, 8 de septiembre); agencia EFE.
