¿Dinero es expresión?

La esperada renuncia del Presidente Joe Biden a su candidatura para obtener la reelección generó distintas especulaciones sobre las causas reales de la dimisión de quien parecía inflexible ante las presiones.

¿Fueron las encuestas lo que convencieron a Biden? ¿Las opiniones de políticos influyentes? ¿O fueron las presiones de los aportantes a la campaña?

Estos últimos, en los Estados Unidos adquieren un papel muy importante a la hora de analizar los movimientos políticos, tal como intentaré describir en estas líneas.

La relación del dinero con la política fue siempre conflictiva, pero en los Estados Unidos han sido numerosas las discusiones respecto a la posibilidad de regulación estatal de los aportes privados.

Hay quienes sostienen que regular los aportes de campaña y poner límites a los mismos implica limitar la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios”.

Aportar dinero a un candidato es para muchos expresar una idea política y, por lo tanto, limitar esa expresión implica limitar un derecho constitucional.

Luego del escándalo Watergate se sancionó una ley que intentó regular los aportes privados en las campañas políticas. La ley estableció límites para los aportes y exigió la divulgación de las fuentes de financiamiento.

La ley fue impugnada judicialmente y la Corte Suprema se expidió en el caso “Buckley v. Valeo” [424 U.S. 1 (1976)] invalidando la ley sosteniendo que “el concepto de que el Gobierno puede restringir el discurso de algunos miembros de la sociedad con el fin de ampliar la voz relativa de otros es completamente ajena a la Primera Enmienda, la cual fue designada para ‘asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas.’”.

La Corte sostuvo que los aportes a un candidato son parte del ejercicio del derecho de expresión y, por tanto, merecen ser protegidos. Dinero es expresión, sostuvo el máximo tribunal estadounidense.

Esta posición, que aborta cualquier intento regulatorio que intente propiciar mayores condiciones de igualdad entre los aspirantes a un cargo representativo, fue sumamente criticada desde los ámbitos académicos. John Rawls sostuvo al respecto que “es necesario imponer límites en las contribuciones y otro tipo de regulaciones en la financiación pública de las campañas políticas o de los gastos electorales para mantener el valor equitativo de las libertades políticas” (John Rawls. “The Basic Liberties and their Priority”  pág. 73 en The Tanner Lectures on Humann Values, vol. 3, Salt Lake City, University of Utah Press – 1982).  Owen Fiss, en el mismo sentido, opinó que, sin límites a los aportes el rico “puede dominar el espacio publicitario en los medios de comunicación y en otros ámbitos públicos hasta tal grado que el público, de hecho, sólo oiga su mensaje” (Owen Fiss. La ironía de la libertad de expresión ed. Gedisa, pág 29).  

Con fecha 20 de enero de 2010 nuevamente la Corte Suprema de los Estados Unidos se abocó a esta temática en autos caratulados: “Citizens United v Federal Election Commission, 130 S.Ct. 876”, sosteniendo su viejo criterio.

Citizen United es una ONG de ideología conservadora y cuando en el año 2008 todo hacía indicar que la candidata presidencial Demócrata sería Hillary Clinton, produjo un documental (“Hillary: the movie”) descalificando a la entonces precandidata. Ante el planteo de que el film podría tratarse de una propaganda política prohibida a las corporaciones en períodos de campaña, Citizen United exigió que le permitieran publicar los spots publicitarios de la película, con lo cual el caso llegó a la Corte.

La Corte, a través de una votación ajustada (5 jueces votaron a favor y 4 en contra), resolvió que los límites a los sindicatos o corporaciones para solventar las campañas de algún candidato vulneran el principio de libertad de expresión.

Barak Obama, por entonces Presidente de la Nación, se manifestó al respecto opinando que la nueva decisión de la Corte va a “abrir las compuertas para los intereses especiales” (Discurso del “Estado de la Unión” 2010), señalando la peligrosidad respecto a la notable influencia de las corporaciones en los procesos eleccionarios.

En Argentina no se cuestionó la capacidad del Estado de regular los aportes privados, y la cuestión se encuentra regulada en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos N° 26.215, que establece límites al aporte privado.

Resulta imposible tratar la cuestión del financiamiento de las campañas electorales en Argentina, sin hacer mención de la investigación que se denominó “mafia de los medicamentos”, la cual incluyó la relación con el crimen denominado “triple crimen de Gral. Rodríguez” en el que asesinaron a tres personas vinculadas al negocio de los medicamentos siendo uno de ellos, Sebastián Forza, aportante del Frente para la Victoria en la mencionada campaña presidencial del año 2007.

El diario Perfil en su publicación de fecha 8 de agosto Año V Nº 493  reproduce bajo el título “La peor corrupción” un reportaje del periodista Andrés Klipphan al Contador Néstor Lorenzo, uno de los empresarios involucrados en las maniobras relatadas. En dicho reportaje el Sr. Lorenzo relata que fue el entonces Superintendente de los Servicios de Salud del Gobierno Nacional Hector Capacciolli, el que, reunión mediante, le solicita el aporte de una suma importantísima de dinero para financiar la campaña del oficialismo.

La necesidad del control sobre los aportes privados y sobre la especial influencia que un gran aportante pueda tener sobre un futuro Gobierno exige considerar, no sólo el mantenimiento de límites a los aportes privados, sino además evaluar la eliminación de tal posibilidad, estableciendo márgenes de igualdad entre todos los partidos políticos que participan de una contienda electoral.

Así lo sostuvo Carlos Nino diciendo que: “Algunas democracias occidentales han regulado el financiamiento privado de las campañas electorales (como se ha hecho en Estados Unidos después del escándalo del Watergate), pero es probable que nada diferente de una prohibición absoluta del financiamiento privado y el uso del financiamiento público combinado con acceso obligatorio a los medios pueda salvar las graves distorsiones que el sistema presente involucra para la calidad epistémica del proceso democrático” (Carlos Nino La Constitución de la Democracia Deliberativa Ed. Gedisa, pág. 228).