Los ex directivos del Banco Central que impulsaron la venta de dólar futuro en los últimos días del gobierno kirchnerista comenzaron a ser indagados por el juez federal Claudio Bonadio, quien imputó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como autora de la "decisión expresa" que dio vía libre a la operatoria.

Los ex directivos comenzaron a declarar esta semana en audiencias que seguirán todos los días a las 10 los tribunales federales de Retiro y cuando concluyan será el turno del ex ministro de Economía Axel Kicillof y de la ex Presidenta.

Con las indagatorias comenzó el trámite de lectura de la acusación concreta en la causa a cada uno de los imputados, citados el 26 de febrero último por Bonadio.

El magistrado les informó que los acusa de una operatoria que resultó "dañosa" para el erario público y en relación a Kicillof y la ex Presidenta entendió que dieron la orden de ejecutarla.

La venta de dólar futuro "no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esta operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA", según la acusación leída en las audiencias, confirmaron fuentes judiciales.

La ex Presidenta está citada para el 13 de abril a las 10 y un día antes, el 12, deberá comparecer a indagatoria Kicillof.

La citación a ambos fue resuelta por Bonadio sin que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, hubiese formulado imputación contra ellos en su dictamen de impulso de la investigación.

A los demás convocados, entre ellos el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, se les imputó "formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico administrativas" que habrían resultado en una "violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".

La operatoria buscaba "mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal" durante "la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración", se agregó.