Con el objetivo de proteger los derechos a la salud y a la seguridad de los consumidores, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la instalación de dispositivos de detección de emisiones de monóxido de carbono por parte de los usuarios residenciales.

El proyecto de ley, que lleva el número 4.874/2019, fue presentado el miércoles pasado, 23 de octubre, en la Cámara de Diputados de la Nación, y contó con el acompañamiento, a través de sus firmas, de los legisladores Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Nadia Ricci (Santa Cruz), Carlos Fernández (Buenos Aires), Miguel Bazze (Buenos Aires), Aída Ayala (Chaco), Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

“Las emisiones de monóxido de carbono en la distribución de gas natural, que es un servicio público concesionado en la Argentina, constituyen un flagelo que se cobra más de 100 vidas por año”, argumentó Menna.

“Por eso -continuó- creemos que hay que proteger al usuario consumidor de este servicio, como lo manda el artículo 42 de la Constitución Nacional que tiene un mandato claro de defender el derecho a la seguridad y a la salud de los usuarios de bienes y servicios”.

En este contexto, Menna dijo que el proyecto de ley “establece la obligatoriedad de instalar detectores de pérdida o de emisiones de monóxido de carbono”.

“Son instrumentos que ya existen, que están homologados, y que permiten mediante señales lumínicas y sonoras advertir a las familias, a los usuarios en los domicilios, que existe una pérdida peligrosa para la salud”, afirmó.

Al costo

El diputado nacional explicó que para facilitar la instalación de los detectores, “las empresas concesionarias de este servicio público de distribución de gas tendrán que proveerlo a los usuarios al costo, y recuperar el mismo en cuotas que se cobrarán junto con las facturas”.

Además, para los beneficiarios de la tarifa social, “la entrega será sin costo alguno”.

“Estamos convencidos de que, de esta manera, podremos evitar muchísimos accidentes que afectan la salud de los usuarios y que se cobran vidas en muchísimos domicilios de nuestro país”, indicó.

Muertes y daños

En los fundamentos del proyecto, Menna explicó que “el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que se produce por la combustión de materiales como madera, propano, gasolina y otros combustibles y, en el caso del gas natural, por su combustión incompleta. Es tóxico, menos denso que el aire, de fácil dispersión y, dadas sus características, imposible de ser advertido por quien se encuentra expuesto al mismo”.

En este sentido, el legislador observó que, pese a que la normativa del ENARGAS prevé generar reglamentos al respecto, y a pesar de las campañas de concientización que realizan distintos organismos y entidades públicas y privadas, “no se ha logrado evitar que año a año se produzcan muchas víctimas por intoxicación con monóxido de carbono por uso inadecuado de aparatos de calefacción o en condiciones indebidas”.

Así, según las estadísticas provistas por el ENARGAS, en 2017 se produjeron 109 casos, con 64 personas damnificadas sin hospitalizar, 166 hospitalizadas y 37 fallecimientos. En 2018 hubo 119 casos, con 41 damnificados sin hospitalización, 147 hospitalizados y 49 decesos. En lo que va de 2019 se dieron 115 casos, con 46 víctimas sin hospitalizar, 137 hospitalizados y 53 fallecimientos.

Añadió Menna que las estadísticas disponibles permiten advertir que “se registran mayor cantidad de accidentes en los meses más fríos y en aquellas zonas en las que la temporada invernal es más extensa como, por ejemplo, en la región patagónica”; así como que “más del 80% de los accidentes involucran la participación de calefones y calefactores”.

“Deben ser evitados”

“Todos estos accidentes, en su mayoría fatales, que involucran por lo general niños y personas mayores, pueden y deben ser evitados”, enfatizó Menna.

Consideró que “sin perjuicio de reforzar las labores de control y fiscalización, y de exigir a las concesionarias de la distribución que hagan hincapié en las campañas de difusión y prevención, como así también en que las instalaciones y conexiones se ajusten a las pautas reglamentarias y sean efectuadas por profesionales matriculados, debe también establecerse con carácter de deber jurídico la obligación de una detección temprana de las concentraciones de monóxido de carbono en volúmenes peligrosos para la salud”.

Esto “no solo servirá para determinar la existencia de un problema, sino para evitar que se produzcan más muertes absolutamente prevenibles”, finalizó.