El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este viernes en su despacho en Casa de Gobierno, el Decreto Nº 661, que establece fijar a partir del 1º de julio y por el término de un año, que las cuotas de amortización de viviendas sociales ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), no superen el monto de un salario mínimo, vital y móvil mensual vigente, el cual hoy es de $16.870.

El decreto establece que dado el carácter social que revisten las viviendas ejecutadas por el IPVyDU y teniendo en cuenta la situación epidemiológica por el COVID-19 se instruye subsidiar  las tasas de interés a los saldos de deuda por amortización de viviendas.

Decisión política

Al respecto la gerenta general del IPV, Ivana Papaianni, expresó que “el Gobernador ha tomado la decisión política de ponerle un tope al valor de la cuota de viviendas durante el término de un año, con posibilidad de prorrogarlo si es necesario. Es decir, se aplicará automáticamente el cobro de las mismas y ninguna tendrá un valor superior al del salario mínimo, vital y móvil que hoy asciende a  16.870 de pesos”.

La funcionaria provincial remarcó que “defendemos el cobro de cuotas de las casas para poder seguir haciendo viviendas y llegar a más vecinos de la provincia. Sin embargo en el marco de la inflación y la situación epidemiológica por coronavirus, hemos tomado la decisión que ningún barrio puesto al cobro supere el salario mínimo vital y afecte aún más su economía”.

Papaianni, recordó que “seguimos tomando como garantía que a ningún hogar le afecte más del 25% del ingreso del hogar. Esto se suma ahora a la decisión política del Gobernador de poner un tope. El espíritu de la decisión política del Gobernador es subsidiar las tasas de interés a los saldos de amortización de viviendas”.

Emergencia climática

Al respecto, la gerenta general del IPV, informó que “en el marco de la emergencia, por decisión política del gobernador Arcioni, nos instruyó a suspender el cobro de las cuotas de viviendas sociales en la zona rural afectada por la emergencia climática”