Redacción
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió el lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de siete compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas, por explotar recursos vivos en el Mar Argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, y quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Entre las firmas mencionadas en el escrito figuran Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, en su mayoría de origen español y radicadas en Galicia. La denuncia identifica también a las sociedades vinculadas y a los buques que participarían de las operaciones.
Qué sostiene la denuncia
Según el escrito, las operaciones configurarían el delito de contrabando a través de dos conductas.
La primera es la evasión del control aduanero. Las empresas extraerían recursos pesqueros de espacios marítimos que la Argentina considera bajo su jurisdicción para luego exportarlos, trasbordarlos en alta mar o descargarlos en Puerto Argentino o en terminales de terceros países, sin someterse a la fiscalización de las autoridades nacionales.
La segunda es la clandestinidad y el engaño. Al operar con permisos emitidos por una potencia que ocupa el territorio de facto, las compañías impedirían el control aduanero sobre las mercaderías, evitando el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.
Los denunciantes pidieron que se investigue la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, y solicitaron medidas concretas: auditar la ruta de los buques, requerir informes a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero sobre avistamientos e identificación de flotas, e investigar una eventual omisión de deberes por parte de funcionarios nacionales.
La causa se suma a los expedientes ya abiertos por explotación hidrocarburífera ilegal en el Atlántico Sur.
La dimensión del problema
El especialista César Lerena estima que el esquema pesquero que opera desde las islas captura alrededor de 250 mil toneladas anuales de recursos marinos.
Para dimensionar esa cifra: los desembarques totales registrados en puertos argentinos entre enero y julio de este año superaron las 580 mil toneladas, la marca más alta de la década.
El antecedente legislativo
En paralelo, el Gobierno analiza extender los alcances de la Ley 26.659 para penalizar la pesca ilegal bajo los mismos criterios que ya rigen para la actividad hidrocarburífera. El cambio responde a un reclamo de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera.
Implica además una marcha atrás respecto del proyecto original de la llamada Ley Ómnibus de 2024, cuyo texto pretendía derogar el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922, que sanciona a quienes operan en aguas nacionales estando vinculados a firmas que pescan con licencias británicas.
Especialistas del sector habían advertido que la eliminación de ese artículo dejaba vía libre al esquema isleño. El rechazo de los gobernadores patagónicos y la presión del sector terminaron frenando esa modificación.
Por qué importa acá
Chubut es una de las provincias más expuestas a lo que se resuelva en esta causa. Puerto Madryn volvió a ser en agosto el principal punto de descarga de la Patagonia, la actividad pesquera sostiene empleo en Madryn, Rawson y Comodoro, y la temporada de langostino viene de un registro histórico.
Cada tonelada capturada fuera del control argentino es materia prima que no entra por los puertos de la provincia, que no paga derechos de exportación y que no genera empleo en las plantas de procesamiento locales. La discusión sobre soberanía, en este caso, tiene una traducción bastante concreta en el muelle.
Fuentes: presentación judicial radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7; declaraciones de los abogados denunciantes; medios nacionales.
