Opinión

Primarias abiertas: origen, implementación y ¿suspensión?

Las PASO nacieron para ampliar la oferta electoral y abrir los partidos, pero la ley de 2009 las puso al servicio del objetivo contrario: concentrar el voto. Un repaso por su origen, su escaso uso real en las presidenciales y lo que implica que el gobierno nacional busque suspenderlas, y no derogarlas, de cara a 2027.
 
(*) Artículo de opinión
 
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El mecanismo de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), vuelve a la agenda pública como consecuencia del intento del gobierno nacional de suspender su aplicación para el proceso electoral previsto para el 2027.

En estas líneas intentaré esbozar el origen, los fundamentos y alguna evaluación acerca de la implementación que tuvo el mecanismo de selección de candidatos partidarios en nuestro país.

Las primeras propuestas de Primarias Abiertas, en tanto límite a la libertad de organización interna partidaria, fueron consecuencia de la crisis de representatividad y los amplios márgenes que experimentaba la relación entre representante y representado a finales de la década del 90. Dicha crisis hizo eclosión en la recordada elección de medio término desarrollada en el año 2001, que tuvo como protagonista excluyente el denominado “voto bronca” (sea este blanco o nulo).

Por aquellos años se destacaba la dificultad que atravesaban los Partidos Políticos para canalizar las demandas de la comunidad. Partidos con un alto grado de afiliación que no se correlacionaba con los bajos índices de militancia activa.

Estructuras partidarias sostenidas durante años a fuerza del manejo de las reglas de juego con padrones sin depurar administrados por tribunales electorales internos y la lógica de los “punteros” que terminó por dañar la democracia interna de los partidos. 

La propuesta de las Internas Abiertas, que en primera medida surgió a través de dirigentes opositores al menemismo, como Federico Storani y Chacho Álvarez, generó algunos apoyos pero también destacadas voces disonantes.

Quienes se oponían, lo hacían a través de argumentos que iban desde el costo del mecanismo, el rechazo de los afiliados a las injerencias políticas externas y la preocupación por la influencia de las corporaciones económicas.

A propósito de ello, ya en 1992 el prestigioso constitucionalista Carlos Nino escribía acerca de lo riesgoso de dicho mecanismo que, según su criterio, “debilitan a tales partidos en beneficio del poder de los grupos corporativos, los que, frente a la debilidad de aquellos partidos para vincular a sus representantes electos, encontrarían facilitado el camino para ejercer más fácilmente presiones en defensa de sus intereses”

(Carlos Santiago Nino Fundamentos del Derecho Constitucional. Ed. Astrea pág. 604).

Frente a estas preocupaciones, se sostenía que debía prevalecer el intento por mejorar el procedimiento democrático. Según sus defensores originales, debía permitirse que todas las opciones puedan encontrarse a la mano de la comunidad y no resulten obstaculizadas por procedimientos internos partidarios, cuyas reglas de juego no parecían garantizar la claridad y la apertura necesarias.

Si bien esta fue la génesis ideológica del mecanismo, que motivó modificaciones en la ley 23298 durante el gobierno de la coalición denominada “La Alianza”, los fundamentos que justificaban las PASO fueron mutando con el tiempo, hasta la sanción de la ley 26571 en el año 2009, tal como relataré seguidamente.

En efecto, las crisis políticas que se sucedieron en nuestro país y que provocaban, elección tras elección, una notoria dispersión del voto, hizo pensar a algunos que el problema del sistema político argentino era la excesiva oferta política y que, ante tal diagnóstico, era imprescindible afianzar el bipartidismo.

Ello por cuanto el presidencialismo requiere la conformación de una mayoría tal que garantice los términos de gobernabilidad que el sistema exige de su primera magistratura. Cuando estas mayorías no existen, el sistema proporciona la posibilidad del ballotage para que dicha mayoría resulte conformada.

Concentrar la oferta electoral fue, entonces, el espíritu de la Ley 26571 cuyos autores denominaron paradójicamente “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”-

Dicha ley, como advertí, tenía como finalidad abordar las dificultades proporcionadas por la dispersión del voto. En tal sentido, con el objeto de disminuir la oferta electoral, la ley incluyó mayores requisitos para que los Partidos Políticos sostengan la personería y, asimismo, se incluyeron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de manera de concentrar el voto en la elección general.

Es decir que si bien las PASO nacieron con el objeto de que el votante se encuentre con una mayor oferta electoral, terminaron abonando una propuesta que tenía el sentido diametralmente opuesto.

La idea entonces sería conformar con las PASO una gran encuesta para que, a través del denominado “voto útil”, se llegue a las generales con un voto concentrado en las fuerzas con chances de ganar.

La pregunta que deviene pertinente a esta altura es si el mecanismo cumplió con los objetivos señalados, para lo cual es preciso evaluar su implementación efectiva en elecciones presidenciales.

En el caso del Partido Justicialista, tomando por tal a todas las expresiones con las que se presentó en sociedad durante la vigencia del mecanismo, utilizó las PASO en una sola oportunidad y de manera casi simbólica (atento a la poca competitividad entre los precandidatos), cuando se enfrentaron en 2023 Sergio Massa y Juan Grabois.

En el caso de la alianza denominada “Cambiemos” sólo se utilizó el mecanismo en 2023 cuando se enfrentaron en internas abiertas Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta.

Los Partidos Políticos con mayores chances de obtener una victoria electoral intentan evitar la competencia interna abierta con el afán de mostrarse más competitivos y ser beneficiados en las generales por el denominado “voto útil”.

En términos de incentivos, parece sencillo concluir que hasta a la fecha han prevalecido los vinculados a la especulación electoral y que los viejos ideales que dieron forma al modelo de selección han quedado relegados.

En definitiva, no se percibe que la utilización del mecanismo de selección haya servido para mejorar nuestra democracia, enriquecer las ofertas electorales y hacer mermar el poder de las estructuras partidarias, tal como pensábamos los defensores del modelo.

Pero más allá de la evaluación que cada uno pueda efectuar respecto al mecanismo y la opinión sobre la necesidad o no de sostenerlo vigente, la idea de “Suspensión”, y no “Derogación”, brinda razones para entender a la decisión legislativa como circunstancial y, como tal, da la idea de constituirse en una ventaja para quien tiene el poder.

(*)  Abogado (UNLP) - Maestría en Derecho Constitucional (UNPSJB).  Autor de "Achicando los Arcos" y "Democracia y Desarrollo: el caso Chubut"

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