Pacheco y Lafuente fallecieron el 15 de ese mismo mes en el hospital de la localidad del Alto Valle.
Ambas familias promovieron acción por daños y perjuicios contra la provincia de Río Negro, reclamando sumas de dinero. La mujer de uno de ellos explicó que “los cuerpos de ambos jóvenes se han calcinado por completo en un tiempo record de ocho minutos”, calificándolo de “increíble”.
Explicó también que “la celda ardió hasta alcanzar los 1.000 °C” y que ambos jóvenes se incineraron mientras pedían auxilio a los gritos -escuchados en los alrededores de la dependencia policial, conforme testimonio en sede penal de un testigo directo.
Ambos jóvenes fueron detenidos el 9 de febrero de 2007, imputados por el presunto robo de un bolso a un hombre que viajaba en colectivo de General Roca a Villa Regina.
Según consta en el extenso expediente, “dentro de la celda, Lafuente y Pacheco utilizaron un encendedor para quemar unos cartones y con estos luego prender fuego a un colchón que se encontraba en el interior de la celda” y que “los internos salieron con vida del calabozo”, pero seis días después murieron.
Al analizar la responsabilidad del trágico hecho, de la Iglesia interpretó que “ha quedado acreditado que el Estado Provincial ha violado en el supuesto uno de sus deberes primarios y con centro en uno de los principios constitucionales fundamentales: el que impone que las cárceles y/o lugares de detención tienen el propósito fundamental de seguridad de los detenidos”.
Agregó: “Ante las serias deficiencias que han sido acreditadas en el caso -no haber requisado previamente la celda en la cual sería alojados, no contar con los medios aptos para atacar el fuego en forma presta, material del colchón dentro del calabozo no ignífugo, presencia de cartones, de un encendedor- y que en su conjunto llevaron a que dentro del lugar donde estaban alojados lPacheco y Lafuente se desencadenara el incendio y a raíz de este, sufrieran quemaduras en el 90 por ciento de la superficie corporal total y luego su muerte a consecuencia de tales quemaduras”.
Después de la larga serie de fundamentaciones, la jueza concluyó que “corresponde declarar la responsabilidad del Estado Provincial por el hecho analizado, debiendo en consecuencia responder por daño injustamente causado a los familiares de Pacheco y Lafuente mediante el pago de una indemnización como compensatorio de los daños ocasionados”.
Fuente: ADN Río Negro
