Según anticiparon a Télam fuentes oficiales, se comenzó a analizar "el esquema para desarrollar las capacidades para la realización del voto electrónico, y entre las opciones se baraja dividir las tareas y que el Estado pueda fabricar las máquinas y el software lo haga una empresa privada".

Desde Interior dejaron trascender que "durante abril se continuará confeccionando el borrador del proyecto de ley, y está previsto volver a convocar a los partidos políticos antes de que se lo envíe al Parlamento".

Hasta ahora, el proyecto contemplará seguramente dos de las tres promesas electorales de Cambiemos (el reordenamiento del cronograma electoral y al aplicación de la BUE, mientras que pasaría a 2019 la creación del órgano electoral autónomo) y se incorporará lo reclamado por los partidos en las rondas de diálogo: fin de las colectoras, fin de las reelecciones indefinidas y reglamentación del debate presidencial y el uso de la cadena nacional en campaña.

La posible puesta en práctica de una participación del Estado en fabricación de las máquinas -o del software- es una novedad que hasta ahora no se había considerado, se asemeja un poco más al modelo brasileño y conformaría más a la Cámara Nacional Electoral, que ya expresó por lo bajo sus fuertes reparos a lo que ellos llaman una "privatización" de los comicios.

Según relataron  desde la Cámara Nacional Electoral, reclaman al oficialismo que acelere las "definiciones políticas, que por ahora faltan", en alusión a que aún no hay siquiera un anteproyecto de ley confeccionado, y señalan que ven con buenos ojos ir a un régimen de votación como el de Brasil, en el que el Estado se hizo cargo del software y de las máquinas y el Poder Judicial de todo el proceso.

Desde el oficialismo desmitifican el idealismo del sistema brasileño y recuerdan que el Tribunal Electoral que controla los comicios "renueva sus miembros cada cuatro años", y aseguran que los jueces electorales de cada provincia no comparten la misma opinión que deja trascender la cúpula del Poder Judicial.

En la Cámara Electoral dicen que custodiarán que "ni una empresa privada ni el poder político puedan tener el control de la boleta electrónica, porque sino sería otro retroceso" y si bien respaldan la BUE creen que "no es nada mágica".

En la Justicia piden, en tanto, otorgarle "autonomía presupuestaria" a quienes gestionan el comicio desde lo judicial y "completar el fuero federal, que por ahora está incompleto en muchos distritos".

Por ahora, y como anunció hace dos semanas  el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, el proyecto está previsto que comience a ser tratado en el Congreso en mayo próximo, aunque se descarta que conllevará un largo debate parlamentario.